El tema no es nuevo, pero síi es recurrente. En cualquier momento, en el menos esperado, una embarcación fluvial se incendia o se hunde y en el peor de los casos, ambas cosas.
Eso refleja que no estamos exigiendo como autoridad el cumplimiento estricto de las normas de navegación y, por otro lado, como propietarios de embarcaciones, no estamos siendo responsables con nuestros pasajeros porque los estamos exponiendo a una tragedia.
No hay día de Dios que no se dé un embarque de combustible en una lancha, especialmente en esas que parten hacia la frontera, donde, sabemos, hay plantaciones de coca y pozas de maceración de la hoja para la elaboración de droga. ¿Quién tiene que ver con esto? Mientras no haya un incendio o un hundimiento, nadie, porque el embarque de combustible se dio de la forma más normal.
Los actos ilícitos sólo saltan cuando algo sale mal.
¿Qué hacer entonces para frenar este tipo de cosas que ponen en peligro a los pasajeros? ¿Sería posible que la Fiscalía de Prevención del Delito, conjuntamente con Capitanía de Puerto y las municipalidades realicen las inspecciones a las naves y luego de comprobar la limpieza de su embarque, autoricen los zarpes?
¿Por qué no juntarse para luchar contra el delito?
Las declaraciones del presidente de los pescadores artesanales, a propósito del incendio de la embarcación «Manuel», hace algunos días, es sumamente preocupante porque asegura «acá todos los días embarcan gasolina delante de las narices de las autoridades y los distintos pasajeros, somos testigos de eso…»
Más que una declaración, esto es una denuncia, que la Fiscalía de Prevención del Delito debería tomar en consideración para deslindar responsabilidad entre quienes tienen entre sus funciones autorizar el transporte de elementos inflamables en embarcaciones fluviales de pasajeros, a fin de detectar a los responsables para darles el castigo que merecen de acuerdo a ley.
