Denuncian pésima alimentación en taller magisterial desarrollado en Loreto Nauta

• Asistentes publican alimentos entregados indicando que fueron una burla.
• Ambos procesos para alimentación y hospedaje, demandaron 260 mil soles.
• ¿Hasta cuándo las UGEL van a seguir siendo la “caja chica” por donde fácilmente fluyen cientos de miles de soles en actos irrelevantes?

Pese a que el ministerio público está por solicitar prisión preventiva para 16 ex funcionarios de UGEL/Datem del Marañón, aparentemente las Ugel siguen siendo el festín de los funcionarios de turno. Gastan cientos de miles de soles en procesos irregulares, sin ningún temor de por medio.
Y justamente, el responsable de ambos procesos en la Ugel de Loreto Nauta; Pedro Cainamari Soto, viene siendo investigado por su participación tanto en Ugel de Datem del Marañón como en la del Putumayo. No hay que olvidar que hace poco cambiaron a la directora Zenith Bicerra, de esa Ugel, ingresando Gloria de Jesús Mendoza Vásquez de Acosta, quien antes laboraba en Alto Amazonas.
Ya en el periodo de la última, la Unidad de Gestión Educativa Local de Loreto Nauta, preparó y desarrolló dos adjudicaciones simplificadas. La 001-2019 “Contratación de servicios para alimentación de 3,377 desayunos, 3,377 almuerzos y 3,377 cenas por 11 días, para el taller de actualización para docentes EIB”.
Asimismo, la adjudicación 002 para el servicio de alojamiento para 269 personas por 12 días, para el mencionado taller de docentes. El primero demandó un gasto de 145 mil 211 soles. Y el segundo, 115 mil soles. Es decir, entre ambos, un gasto de 260 mil soles. Un gasto de un poco más de un cuarto de millón de soles, para un taller de una duración de 11 días.
En cuanto a los alimentos entregados, el último fin de semana hubo protesta de algunos de los que asistieron al taller desarrollado en Loreto Nauta, quienes incluso en su indignación, dejaron bolsas de comida en la vía pública, para luego quejarse en algunos medios de comunicación. Exigieron conocer cómo se desarrolló esos procesos y quiénes habían sido los beneficiarios.
Revisando dichos procesos, no solo se ha podido conocer quiénes fueron los empresarios beneficiados, sino de presuntos hechos irregulares que bien podrían investigarse a profundidad. Documentos con los que convocan, que al parecer han sido “copia y pega” de otras entidades como Sedaloreto. Qué nada tiene que ver con el sector educación.
Además, que el encargado de llevar adelante esos dos procesos, Pedro Cainamari Soto, actualmente está siendo investigado por hechos registrados en Ugel del Putumayo y Datem del Marañón. Y como él debe tener en claro esos temas, es que no se atreve a estampar su nombre completo y sello en el casillero del resumen ejecutivo que manda colocar nombre, firma y sello del funcionario competente del órgano encargado de las contrataciones (OEC). Solo coloca su firma.
Por ejemplo; en el punto 2.5 respecto a las bases para el perfeccionamiento del contrato, señalan: “La EPS Sedaloreto, realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pago único, previo informe de avance del servicio, luego de recibido y dentro de 15 días calendarios siguientes al otorgamiento de la conformidad de la recepción de cada prestación…”.
¿Acaso pensaban invitarles solo agua de Sedaloreto en los desayunos, almuerzos y comida? Ya en las Bases Integradas, rectifican cambiando el nombre de Sedaloreto, por Unidad de Gestión Educativa Local de Loreto-Nauta. Esto porque una empresa que postuló pidió que aclaren ante qué entidad se solicitaría el pago del presente servicio.
Otro punto reprochable, es que, siendo dinero del magisterio, dinero público y vulnerable por tratarse del sector mencionado; colocan el punto de confidencialidad. “El proveedor deberá guardar confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y documentación a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación quedando PROHIBIDO revelar dicha información a terceros”. ¿Por qué? El dinero es público del sector educación, no es de su empresa privada.
Finalmente, el CP Pedro Cainamari Soto, jefe del órgano encargado de las contrataciones, firma la decisión de entregar el servicio a la empresa ganadora: “La Gran Concha Internacional EIRL” por el monto de 145 mil 211 soles. Su actividad principal es restaurantes y servicio móvil de comidas. Ubicado en Nauta. Titular gerente: Muñoz Terrones José Yoel, desde el 16 de enero de 2019. Una empresa prácticamente recién creada.
Finalmente, el taller ya se llevó a cabo, muchos de los asistentes han ido a las radios a quejarse de la mala calidad de comida, arroz chaufa, plátano y frejoles, así como desayuno con huevo frío, entre otros reclamos; y aún el contrato no ha sido colgado en el sistema, como manda la ley.

SERVICIO DE HOSPEDAJE.
Igual, en la forma de pago, la incapacidad de colocar a Sedaloreto, en vez de Ugel-Loreto Nauta. Con la posterior rectificación luego que los postores observan. Cainamari, sigue sin colocar su nombre completo, coloca un sello borroso y su firma. Igual la cláusula de confidencialidad, como si se tratara de una empresa privada el gasto.
Entregan la Buena Pro para el servicio de alojamiento de 269 personas, a la persona natural de Rojas Torres Edwer, a 115 mil soles. Pedro Cainamari Soto, ex administrador de la Ugel/Putumayo, hasta el momento no ha elevado el contrato al sistema para que todos puedan verlo. Concluyendo, ante el manejo del dinero público se supone deben estar expertos en el tema y contar con la CERTIFICACIÓN de OSCE. Pedro Cainamari Soto, no cuenta con ella, según consulta reciente a OSCE. Por lo que todo lo actuado por el mencionado Cainamari Soto, devendría en Nulidad.
Pese a que así lo manda la Ley 30255, Ley de Contrataciones del Estado, desde el 31 de diciembre de 2018. MEF DS 344-2018-EF. “Art. 5.-Organización de la Entidad para las contrataciones. 5.3.-Los servidores del órgano encargado de las contrataciones de la Entidad que, (quien ve actividades de índole administrativo) en razón de sus funciones intervienen directamente en alguna de las fases de la contratación, son profesionales y/o TÉCNICOS CERTIFICADOS”, manda la Ley.
Ley promulgada a fin que los profesionales designados (que intervengan directamente en alguna de las fases de la contratación pública) garanticen una gestión eficiente y competente de las contrataciones por parte de las Entidades. Directiva de aplicación obligatoria para las entidades que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado. Así como para los profesionales y técnicos que laboran en los órganos encargados de las contrataciones, cualquiera sea el vínculo laboral o contractual que mantienen con la respectiva entidad”.
Resulta realmente desconcertante la desfachatez cómo actúan algunas personas a la hora de administrar los recursos del Estado y mucho más, cuando se trata de los recursos de un sector tan vulnerable, como lo es Educación.
(Luz Marina Herrera Lama).