• Contra miembro de comunidad LGTBI en Iquitos.


También se pidió que las investigaciones se desarrollen bajo estándares internacionales establecidos por la Corte CIDH en caso Azul Rojas.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto demandó al Ministerio Público y a la Policía Nacional agilizar las investigaciones dirigidas a identificar y sancionar a los autores de la agresión sexual perpetrada contra un joven miembro de la comunidad LGBTI, ocurrida el último 16 de noviembre, en el distrito de Jenaro Herrera, perteneciente a la provincia de Requena, cuando retornaba a su domicilio luego de haber estado reunido con varias personas.
En un documento dirigido al presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Alberto Niño de Guzmán; y al jefe de la IV Macro Región Policial, Santiago Sotil, el jefe de la Oficina Defensorial de Loreto, Abel Chiroque puso de manifiesto los graves hechos ocurridos en agravio de la víctima a quien habrían violentado sexualmente, originando que quede en estado de inconsciencia y sea trasladado al Hospital Regional de Loreto, donde permanece hospitalizado hasta el momento debido a la gravedad del ataque.
No obstante, ello y pese a que ha transcurrido más de 10 días desde que ocurrió el ataque, hasta el momento no se toman las declaraciones de la víctima, ni se le practica el reconocimiento médico legal, lo que podría ayudar a determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos, identificar a los autores y a solicitar alguna medida contra quienes resulten responsables, como debe actuarse frente a cualquier investigación.
Así lo expresó el representante de la Defensoría del Pueblo, quien además pidió a los titulares de la Junta de Fiscales Superiores y de la Policía Nacional en Loreto que el caso sea abordado bajo los enfoques de derechos humanos y de género, así como de debida diligencia, conforme a los estándares internacionales sobre investigación en casos de violencia por orientación sexual que han sido establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia emitida en el caso de Azul Rojas.
Asimismo, pidió la aplicación del Manual de Derechos Humanos, aprobado por el Ministerio del Interior para las investigaciones policiales en casos que involucren a miembros de la comunidad LGBTI.
Chiroque recordó a ambas autoridades que cuando existen indicios o sospechas concretas de violencia por motivos discriminatorios, el Estado debe hacer lo que sea razonable para recolectar y asegurar las pruebas; asimismo, que la falta de investigación puede constituir una forma de discriminación. “Esto implica analizar la forma en que la víctima fue percibida por los agresores, a partir de su orientación sexual, lo que conlleva a que el caso sea investigado desde una perspectiva de género y no como un delito común, al existir motivos por prejuicio y discriminación”, precisó.
Tras advertir que las investigaciones en este caso muestran un lento avance, Chiroque dio a conocer que también existen otros dos casos de violencia por orientación sexual ocurridos en 2021 y 2022 en los que también puede evidenciarse que no se ha tomado en cuenta los criterios establecidos por la CIDH en las investigaciones.
En el primero de ellos, un miembro de la comunidad LGBTI denunció haber sido humillado en la comisaría de Tamanco, mientras que, en el otro, se trata de la muerte de una mujer trans ocurrida en la localidad de Nauta. El representante de la Defensoría del Pueblo informó que ambos casos aún se encuentran en investigación, por lo que ha solicitado al Ministerio Público la aplicación de los enfoques de derechos humanos.

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