- Gobierno debe actuar inmediatamente
El Puinahua se ha convertido en tierra de nadie en estos días por el “control territorial” que ejerce la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación de Bajo Puinahua (Aidecobap) en su afán por obligar a la empresa Petrotal a firmar una adenda que no ha sido debidamente consensuada entre los actores reunidos en la denominada Mesa Técnica del Lote 95.
En el colmo de la impunidad, desde ayer tienen retenidos como rehenes a ciudadanos brasileños que forman parte de la tripulación de la barcaza “Ciudad de Transporte”, que llevaba una carga de petróleo crudo adquirida a la empresa Petrotal.
Cual piratas, asaltaron la embarcación armados con escopetas y lanzas a la altura de la localidad 7 de Junio, detuvieron el trayecto de la barcaza y secuestraron a sus tripulantes, quienes nada tienen que ver con la protesta.
Así lo señala el Manifiesto de Protesto presentado por la empresa Servicios Fluviales Cosmos, en representación de Cidade Transporte LTDA, armador de la embarcación violentada.
De acuerdo con el manifiesto –dirigido a Guillermo Benites, capitán del puerto de Iquitos– los atacantes buscaron que los secuestrados actuaran como “mediadores” para exigir que Petrotal cumpla las “obligaciones adquiridas” con ellos y, si eso no ocurría, mantendrían bajo su control la barcaza cargada de petróleo, generando el riesgo de un desastre ambiental que perjudicaría a todo el distrito ante cualquier mala maniobra o manipulación que realicen los “manifestantes”.
Al cierre de edición, los ciudadanos brasileños seguían en cautiverio, con el riesgo de su sufrir cualquier afectación a su integridad física o sus vidas. En paralelo, ciertos grupos de personas realizan patrullajes en el río provistos de armas de fuego.
Esta abierta vulneración a los derechos humanos exige la rápida intervención de todos los niveles del Gobierno para restablecer el orden en Puinahua. Es inadmisible que ad portas del 2023 se pisoteen los derechos de las personas y la propiedad privada para cumplir cuestionados objetivos de dirigentes y asesores de Aidecobap.
El preocupante escenario ocasionado por Aidecobap también amerita que la población del Puinahua, incluyendo a los mismos manifestantes, se hagan algunas preguntas: ¿quieren que el fondo del 2.5% no crezca?, ¿no temen que los ataques a la empresa puedan generar un daño ambiental al canal de Puinahua como ocurrió en Cuninico?, ¿quieren que personas inocentes salgan lastimadas? La violencia y la extorsión no son el camino y menos una solución.
