– Próximo diálogo sería el 14 de agosto en Lima
– Pueblos exigen la presencia del jefe del Gabinete, así como de los titulares del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Energía y Minas.
Entre la espada y la pared se encuentra el Ejecutivo ante el vencimiento del contrato del Lote 192 y las demandas de las comunidades indígenas para poder licitar este lote petrolero. Ayer no se pudo continuar con el proceso de diálogo entre líderes indígenas y representantes del Estado en Loreto, debido a que los apus de las cuatro cuencas (Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón), zonas de influencia del Lote 192, exigieron la presencia del premier Pedro Cateriano, de la ministra de Energía y Minas Rosa María Ortíz y del ministro de Economía y Finanzas Alonso Segura. Además, se exigió la presencia del nuevo presidente de Perupetro, Rafael Zoeger, ya que la licitación de este lote representa para ellos el futuro de las comunidades indígenas. “Son 30 años más, el Estado pidió más tiempo para evaluar nuestras propuestas”, señala Aurelio Chino Dahua, presidente de la FEDIQUEP.
Representantes de los pueblos indígenas señalan que esperan ser notificados sobre la asistencia de las autoridades que demandan en la próxima reunión, de lo contrario, no asistirán.
“Nosotros vemos que los funcionarios no tienen poder de decisión, por eso hemos dicho que queremos hablar directamente con el presidente del Consejo de Ministros, el ministro Economía y la ministra de Energía y Minas. Queremos que se garantice su presencia. Hasta el momento, solo se confirmó la presencia del titular de Energía y Minas; esperamos que en los próximos días confirme su asistencia el premier y el titular del MEF”, señala Chino Dahua.
Además de las tres empresas que están compitiendo por la licitación (Pluspetrol, Pacific Rubiales y Perenco), surge la posibilidad de que la empresa del Estado, Perupetro, asuma el lote petrolero. Sobre esto, las comunidades indígenas son tajantes en resaltar que cualquiera de las empresas que gane la licitación deberá cumplir con todos los requisitos que exigen en beneficio de la población.
Hasta el momento, no hay respuesta a ninguno de los requerimientos de las comunidades en materia económica, de salud, educación, finanzas, entre otros. Por eso, los integrantes de las comunidades están dispuestos a sentarse a dialogar y llegar a un acuerdo con el Estado, además señalan que no están en contra de la extracción, pero añaden que debe ser una actividad responsable.
Asimismo, sobre las críticas a la cifra del fideicomiso que piden las comunidades por un monto de 1000 millones de dólares que servirían para financiar proyectos de desarrollo social, Aurelio Chino manifestó: “Hemos considerado ese monto porque hemos sido atropellados, Pluspetrol ha hecho todo lo que ha querido mientras que nosotros nunca hemos sido beneficiados con servicios básicos como salud, educación, a pesar que el dinero salía de nuestros recursos”.
Son 138 millones de barriles de petróleo los que serán extraídos en 30 años, por lo que dicha explotación causará serios daños en las poblaciones que viven en el lote 192. “De todas maneras nosotros vamos a ser afectados, y más de lo que estamos ahora, entonces pensamos en el futuro de nuestras generaciones, por eso pedimos esa cantidad”, comenta Chino Dahua.
Para el antropólogo Carlos Monge, prorrogar la concesión del lote 192 sin cumplir las condiciones previas fijadas por la ley, significaría violentar el orden constitucional y legal. Advirtió que es necesario remediar los daños ambientales, consultar a los pueblos indígenas y hacer una licitación justa y competitiva. Este es el mismo sentir de las federaciones y comunidades de las cuatro cuencas afectadas por el lote 192. (MIPR)
