-Según CHS Alternativo,
-Instituciones del nivel local cuentan con mayor incumplimiento de actividades
Aún se incumplen tareas asignadas por Ley contra la trata de personas. En la publicación presentada por la organización CHS Alternativo, «Tercer Balance: Implementación de la Ley Nº 28950» explican que esta Ley, a pesar de haber sido aprobada sus reglamentos e implementada, aún existen instituciones estatales que no asumen las tareas asignadas contra la trata de personas.
Explican que si bien se constata que las políticas públicas sobre trata de personas se han fortalecido especialmente a nivel normativo, queda evidenciado que los principales desafíos siguen siendo la implementación eficaz de las políticas públicas y la voluntad política de cumplir con ellas.
Entre las instituciones consideradas en el balance, se encuentran la mayoría de los ministerios, como: el Ministerio del Interior, como ente rector del tema, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y los Ministerios de Justicia y Trabajo. Así mismo, están el Poder Judicial, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales a nivel nacional. Como instituciones públicas vinculadas al tema se han considerado a la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República.
Aquí les dejamos las principales conclusiones tales como: gobiernos locales desconocen sus obligaciones asignadas por la ley. Se mantiene la tendencia en el mayor cumplimiento de actividades por parte del Gobierno Central, seguido del regional y en menor medida el nivel local. Existe un gran desconocimiento del delito por parte de los funcionarios públicos, a pesar de las labores constantes de capacitación y sensibilización.
El Ministerio del Interior ha realizado más acciones que en el periodo 2009-2011; sin embargo, no asume su responsabilidad en la paralización del único sistema oficial de registro del delito, Sistema RETA, que no funciona desde febrero de 2012, representando un estancamiento en la lucha contra la trata de personas. Los gobiernos locales y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones son las entidades con menor nivel en el cumplimiento de la ley. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables han realizado menos actividades a nivel de protección y asistencia que en años anteriores. (MIPR)
