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Alcaldesa de Maynas guarda silencio sobre cuestionamientos a funcionaria de Imagen Institucional

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  • Paola Bances evitó responder consultas de la prensa sobre la situación de Verónica Obando.

La alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Maynas, Paola Bances, evitó pronunciarse sobre los cuestionamientos relacionados con la situación laboral de la licenciada Verónica Obando, quien actualmente se desempeñaría como jefa de Imagen Institucional de la comuna provincial.
La autoridad fue abordada por este medio de comunicación durante una actividad desarrollada en la Alameda de Iquitos, en el marco de las celebraciones por la Fiesta Patronal de San Juan. Sin embargo, pese a las interrogantes formuladas, optó por no brindar declaraciones sobre el caso.
La ausencia de una respuesta oficial ha generado nuevas interrogantes en torno a la permanencia de la funcionaria en el cargo y a los requisitos que habría acreditado para asumir responsabilidades dentro de la administración municipal.
Los cuestionamientos surgieron luego de que información obtenida del Colegio de Periodistas del Perú señalara que Verónica Obando no figuraría como colegiada en dicha orden profesional, situación que ha motivado el interés de diversos sectores.
Frente a ello, ciudadanos y representantes de la prensa han solicitado que la Municipalidad Provincial de Maynas transparente la documentación presentada por la funcionaria al momento de su contratación o designación.
Asimismo, consideran necesario que la gestión municipal aclare públicamente si el cargo ocupado exige colegiatura profesional u otros requisitos específicos establecidos por la normativa vigente para el ejercicio de funciones dentro del sector público.
Especialistas en gestión pública recuerdan que el acceso a cargos en la administración estatal debe sujetarse al cumplimiento de los requisitos contemplados en los instrumentos de gestión y en las normas que regulan la función pública.
No obstante, precisan que cualquier eventual responsabilidad administrativa, civil o penal solo podrá ser determinada por las entidades competentes a través de los procedimientos de fiscalización, control e investigación que correspondan.

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