Soluciones ausentes

El cierre preventivo de la institución educativa Túpac Amaru, nivel secundario, pone en evidencia una constante preocupante en la gestión pública: se actúa ante el riesgo, pero sin prever las consecuencias. La decisión de Defensa Civil, aunque necesaria para salvaguardar la integridad de los estudiantes, deja al descubierto una falta de planificación que afecta directamente el derecho a la educación.
Desde el año 2019, este plantel ya había sido declarado en emergencia, situación que fue reiterada en 2025 tras nuevas supervisiones. Es decir, no se trata de un problema reciente ni inesperado. A pesar de contar con un expediente técnico aprobado desde febrero del año pasado, la falta de presupuesto ha mantenido paralizado el proyecto, trasladando el costo de la inacción a estudiantes, docentes y familias.
La medida adoptada por la dirección del colegio —dividir horarios y utilizar ambientes del nivel primario— es un esfuerzo loable, pero claramente insuficiente. El hacinamiento y las jornadas extendidas no son condiciones adecuadas para el aprendizaje. Se trata de soluciones improvisadas que, lejos de resolver el problema, lo agravan y evidencian la ausencia de un plan de contingencia serio.
La movilización de los padres de familia hacia el gobierno regional refleja el nivel de indignación y preocupación de la comunidad educativa. No solo exigen respuestas, sino también acciones concretas. Alternativas como obras por impuestos o financiamiento vía el Banco de la Nación no pueden seguir siendo solo propuestas en el papel cuando la educación de cientos de estudiantes está en juego.
El caso de la I.E. Túpac Amaru debe servir como llamado de atención a las autoridades. No basta con cerrar un colegio por prevención; es indispensable garantizar condiciones dignas para continuar el servicio educativo. La educación no puede esperar ni depender de la improvisación. Se requiere decisión política, planificación efectiva y, sobre todo, responsabilidad con el futuro de los estudiantes.