– Presidente de la ODECMA, Aldo Atarama Lonzoy
– Los jueces mantenemos la independencia
– El hacinamiento del penal de Guayabamba es porque la mayoría de presos están por TID y violación sexual
El magistrado Aldo Atarama Lonzoy quien es el presidente de la ODECMA en la Corte Superior de Justicia de Loreto, hace conocer algunos temas referentes al trabajo que vienen realizando tanto los magistrados, jueces y trabajadores, así como también sobre la imparcialidad de los jueces ante cualquier proceso que tienen que resolver, en diálogo con La Región, menciona:
En la CSJL todos los días atendemos reclamos de los litigantes y abogados, en la mayoría de ellos son por el tema de celeridad procesal, existen algunos casos que tienen plazos vencidos que son productos del mal planteamiento de las demandas, la resolución improcedente de los jueces, otros que los abogados de la parte contraria hacen uso y abuso de sus derechos, las apelaciones que sólo buscan alargar más el proceso; sin embargo, al que se le responsabiliza totalmente del caso es al Juez, al secretario, en otras palabras al Poder Judicial , situación que no siempre es justificada, por lo que estamos coordinando con los jueces para que no se convierta en una queja por escrito, es decir estamos dando trato de manera directa a estos reclamos para que no se convierta en una desazón final del litigante y pensar después que se esté encubriendo a los jueces y secretarios.
A veces se confunden algunos casos que son de naturaleza jurisdiccional con cuestiones de naturaleza funcional, también hacemos la orientación correspondiente y estamos haciendo las correcciones necesarias, es decir lo que estamos es resolviendo problemas y no tratando de generar mayores causas al órgano de control, tratamos causas sólo de naturaleza funcional.
Es cierto que en el cronograma del Poder Judicial, la CSJ está reservada para aplicar el nuevo Código Procesal Penal y que se está pensando que todo lo va a solucionar y eso no es verdad, las leyes existen y somos nosotros los operadores jurídicos para poner celeridad a la causa, siendo muy importante la garantía de la aplicación del derecho en estos reclamos por la administración de justicia. Sería importante no esperar el 2012, sino hay que empezar a aplicar el Código Procesal Penal en sus principios y en los aspectos que está vigente. Además existe una preocupación de parte de la CSJL para que los jueces tengan la capacitación respectiva, así como también los abogados, por lo que estamos coordinando para que se realice un evento internacional con la finalidad de que nos capacitemos, pues como son de rápidos los procesos, lo más importante no es su inmediación, sino que se resuelva el derecho que es una garantía que debe primar sobre la celeridad.
Sobre la carga procesal cero que anuncia el fiscal decano Mario Gallo, Atarama Lonzoy, dijo, en las Fiscalías están dando trámite a los expedientes que reciben en el día, de tal manera que nos permite saludar su manera de trabajar, en cambio los jueces tienen audiencias, vista a la causa, todos los días, la carga cero significa estar trabajando al día, sin embargo falta orientación de los abogados por parte del Ministerio Público, el debate que se realiza en las audiencias son la marcan del tiempo de ¿Cuánto duraría una audiencia?, es decir se tiene que resolver un caso aplicando la correcta administración de Justicia.
Sobre el caso de los detenidos en el establecimiento penal y la no presencia de los jueces para los mismos, siempre va existir los mismos casos como el de no abandonar sus despachos, vamos a superar con una planificación que estamos realizando cada uno de los jueces, en estos días vamos a concurrir nuevamente a la cárcel para insistir con los delegados y conocer quiénes son los internos de provincias que están involucrados en este tema .
Sobre el hacinamiento del penal
La cárcel de Guayabamba tiene más de cuarenta años y ha sido construida para doscientas ochenta personas, actualmente tiene más de ochocientos, ha sido declarada en emergencia hace 10 años, sin embargo no se hace nada por parte del Ministerio de Justicia, esto corresponde al INPE; lo que pasa es que tampoco se dan los recursos necesarios para hacer las mejoras y dar atención a la población de presos que cada día va en aumento. Esta situación genera que todos los establecimientos penales del país estén en la misma situación. Lamentablemente no es competencia de la CSJL, pero si es nuestra competencia tratar de resolver las causas con la celeridad que se requiere para que en el establecimiento penal esté la gente que está condenada y no aquellas que están procesadas, más aún los que están con la presunción de inocencia.
Lamentablemente en la cárcel de Guayabamba están en mayor proporción los presos por tráfico de drogas, el segundo lugar lo ocupa los internos por violación, pero que en ninguno de los dos casos hay beneficios penitenciarios, es decir podemos decir que el penal de Guayabamba va a seguir hacinándose cada vez más, convirtiendo a las cárceles sólo en depósitos de seres humanos.
La independencia de los jueces
Se tomó como ejemplo el primer indulto que hizo el presidente del república sobre un caso de corrupción, como es el de José Enrique Crousillat, que era un beneficio humanitario por salud y que significa que esta persona no muera en una situación infrahumana, pero después del indulto ocurrieron cosas inexplicables, pues por arte de magia, el indultado al día siguiente estaba veraneando, haciendo negocios, por lo que se llegó a pensar que había una falsa documentación que había inducido al error, por lo que el presidente Alan García subsanó el impase solicitando que vuelva nuevamente a prisión,
En ese caso los jueces no hemos tenido nada que ver, el juez de Motupe que ha tenido que resolver otro caso, fue otra artimaña y que con falsos documentos el señor Crosuillat estaba presentando una medida cautelar en relación con un medio de comunicación, el juez originalmente había admitido, pero posteriormente se percataron que habían falsos documentos de tal manera que en función a ello se declaró nulo todo lo actuado.
Esto nos permite ver que un juez tiene una independencia asegurada en la constitución, es decir no debe ser influenciado de ninguna parte, ni mellar en su función, el juez debe actuar en respeto a la constitución y a la Ley, pues el objetivo es defender los derechos universales de la personas, aún de los que han cometido delito, eso no quiere decir impunidad, los que han cometido delito tendrán que cumplir con su pena o tendrán que ser sancionados de acuerdo al mandato legal, además el Poder Judicial no debe cumplir consignas de ninguna parte, de lo contrario tendríamos un Poder Judicial manipulable y timorato, que sería peligroso para la ciudadanía. (WGN)
