-Magistrado Aldo Atarama Lonzoy, presidente de ODECMA de la CSJL
– Aseguró que su labor siempre ha sido inmediata dando a los quejosos y quejados la garantía para hacer sus descargos.
– Magistrado asistió acompañado de integrantes de OCMA al penal «San Jacinto».
Ayer en la mañana el presidente de Odecma, acompañó a un grupo de integrantes de OCMA al penal de Iquitos para recoger testimonios de los allí recluidos, respecto al accionar de magistrados y otros.
«Se ha visto si se cumplen los plazos en la realización de las audiencias, en ese sentido no hay problema. Los internos han manifestado su preocupación sobre los beneficios penitenciarios sobre una situación de naturaleza administrativa por parte del INPE y en el peor de los casos, sería jurisdiccional por parte de los juzgados que tienen que otorgar esos beneficios. Se ha tomado nota de casos de posible inconducta funcional para que sean revisados», señaló el magistrado Atarama Lonzoy.
En cuanto a la expectativa en los resultados de las revisiones de OCMA, puntualizó lo siguiente: «Están en plena recepción de quejas y revisiones de expedientes. Al culminar nos convocarán para informar lo que han encontrado y si hay deficiencia o errores para subsanarlos. Hemos tratado de ser rápidos y sobre todo, dar garantías tanto a los quejosos como a los quejados para que hagan sus descargos correspondientes, eso podría encontrarse y esperamos el término de las evaluaciones para que nos den las indicaciones del caso», resumió.
En cuanto a la situación de hacinamiento del penal de Iquitos, expresó que lamentablemente esta continuaría por muchos años más. «Existen 845 internos y el problema se agrava porque la mayoría, en un 60% están por TID y violación de la libertad sexual, de tal suerte que esos internos no podrán salir con beneficios penitenciarios y tendrán que cumplir su pena de punta a punta. Puede entrar más gente pero no saldrán otros por lo menos en 15 años. Esto es grave y no depende del Poder Judicial, sino de la Legislación Peruana; del Poder Legislativo producto de una política de querer ser más drásticos y duros en penas de determinados delitos», concluyó.
