Santa Rosa paga el precio de un Estado que mira de lejos

Para el Gobierno Nacional, Santa Rosa puede ser apenas un punto perdido en el mapa. Para quienes viven allí, es su hogar, su frontera y el lugar donde cada día deben enfrentar un costo de vida que el Estado parece empeñado en ignorar. Mientras en Lima se diseñan subsidios desde oficinas donde la realidad fronteriza se conoce apenas por informes, las familias de Santa Rosa saben perfectamente cuánto cuesta conseguir un balón de gas. Por eso, pedir que el Vale FISE pase de 20 a 43 soles no es un capricho: es reclamar que el Estado deje de gobernar al Perú desde una misma medida y empiece a reconocer las enormes desigualdades que existen dentro del país.
Porque resulta fácil hablar de soberanía desde Lima, mientras quienes realmente sostienen la presencia peruana en la frontera tienen que pagar más por los productos básicos y buscar en Colombia o Brasil aquello que muchas veces no encuentran en territorio nacional. Esa es una de las grandes contradicciones del Estado peruano: exige a los ciudadanos permanecer y defender la frontera, pero no siempre les garantiza las condiciones mínimas para hacerlo dignamente. Se quiere una frontera peruana, pero se la atiende como si estuviera al final de las prioridades nacionales.
En Santa Rosa, el problema del gas es apenas una expresión de una situación mucho más profunda. La población enfrenta aislamiento, altos costos de transporte, dificultades de abastecimiento y una economía condicionada por su ubicación geográfica. No se puede administrar una zona fronteriza como si fuera Lima, Arequipa o cualquier otra ciudad con acceso permanente a mercados y servicios. Hacerlo no es eficiencia administrativa; es indiferencia frente a una realidad que exige políticas diferenciadas.
Por eso, el pedido de la subprefecta Otilia Curitima debe obligar al Gobierno Nacional a salir de la comodidad del escritorio y mirar lo que ocurre en esa parte del país. Elevar el Vale FISE de 20 a 43 soles debe ser evaluado con seriedad, con cifras y criterios técnicos, pero también con sentido de justicia. Si el monto actual resulta insuficiente para una población que enfrenta costos extraordinarios por su ubicación, mantenerlo simplemente porque así fue establecido para el resto del país sería una muestra más de un centralismo incapaz de entender al Perú profundo.
Pero tampoco basta con reclamarle a Lima. Los representantes de Loreto tienen que asumir su cuota de responsabilidad. Diputados, senador, autoridades regionales y locales deben dejar de convertir las necesidades de la frontera en discursos de ocasión. No se necesitan fotografías, declaraciones de solidaridad ni promesas que se pierden en los pasillos del poder. Se necesitan gestiones concretas, expedientes, reuniones, presión política y resultados. Si nuestros representantes no son capaces de llevar una demanda tan básica hasta el Gobierno Nacional, entonces habrá que preguntarse para qué sirve tener representantes de Loreto en las instancias donde se toman las decisiones.
Y el Gobierno Nacional también debe entender algo elemental: una frontera abandonada no se fortalece con discursos patrióticos. Se fortalece haciendo que vivir allí sea posible. Se fortalece con servicios, oportunidades, infraestructura, salud, educación, transporte y medidas económicas que reconozcan las condiciones particulares de quienes viven en esos territorios. Cada familia que logra permanecer en Santa Rosa también representa presencia peruana. Cada familia que se ve obligada a depender económicamente de los países vecinos por falta de alternativas nacionales es una señal de que algo estamos haciendo mal.
Santa Rosa no está pidiendo un privilegio. Está pidiendo que el Estado reconozca una realidad que no puede seguir ignorando. Los 43 soles del Vale FISE pueden parecer una cifra pequeña para quienes toman decisiones desde Lima, pero para una familia fronteriza pueden representar una diferencia concreta en su economía mensual. El verdadero problema no son los 23 soles adicionales: el verdadero problema es cuánto tiempo más tendrá que gritar una población fronteriza para que el Estado finalmente la escuche.
Si el Perú quiere una frontera viva, integrada y verdaderamente peruana, tiene que demostrarlo con hechos. Porque la soberanía no se defiende solamente con mapas, banderas y discursos oficiales. También se defiende garantizando que las familias que viven en los extremos del territorio nacional tengan razones para quedarse. Santa Rosa no necesita que Lima le recuerde que es peruana; necesita que Lima demuestre que también se acuerda de ella.