Frente a las desatenciones por los derrames de petróleo ocurridos en los territorios de comunidades como Nueva Alianza y el reciente derrame en territorio de la comunidad San Pedro (11/11/2016), organizaciones indígenas del distrito de Urarinas, declarado en Emergencia mediante DS 083-2016-PCM, viajaron a Lima para exponer y solicitar ante autoridades atenciones inmediatas y de corto plazo a su problemática.
La delegación, compuesta por 11 apus, comunidades representadas en organizaciones como la AIDECURCHA (Asociación Indígena de Desarrollo de la Cuenca del Chambira y Afluentes), FEKURU (Federación de Kukamas y Urarinas del río Urituyacu) y ACODECOSPAT (Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca) señalan que la ayuda para sus comunidades se ha quedado estancada en Saramurillo, donde otras organizaciones, no reconocidas por sus comunidades, han establecido un paro hace más de un mes.
“El envío de alimentos no perecibles, agua potable, así como la atención médica en la zona es urgente para sobrevivir”, expresan.
Piden, entre otras cosas, que se establezca una comisión técnica independiente que investigue la causa de los derrames, así como que el Oleoducto sea cambiado y adaptado al territorio para que las propias comunidades puedan supervisar su estado y evitar futuros derrames. Además solicitan un espacio de diálogo propio para canalizar y establecer medidas en beneficio del desarrollo de sus comunidades indígenas.
Durante los días en Lima, los apus kukamas y urarinas tuvieron una reunión privada con la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello y el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, donde solicitaron ayuda humanitaria para las comunidades afectadas por los derrame petroleros del Oleoducto Norperuano, así como un espacio de diálogo para el desarrollo de estas comunidades ubicadas en el Marañón, Chambira (ambas en el ámbito del Lote 8) y Urituyacu.
La ministra saludó la disposición de las comunidades y resaltó la necesidad de sostener un diálogo para el desarrollo de la Amazonía. Asimismo, señaló la necesidad de hacer un mapeo e identificación de comunidades y apus, con el objetivo establecer relaciones mejores y más sólidas con la institucionalidad indígena.
Luego se reunieron con representantes de los Ministerios de Vivienda, Salud, Educación, entre otros, donde entregaron una agenda con puntos a abordar como parte de un diálogo que debe sostenerse con el objetivo de impulsar la atención a corto plazo y el desarrollo de los territorios indígenas. La titulación de comunidades, los estudios y atención en salud y las condiciones ambientales, así como la implementación de proyecto, forman parte de esa agenda presentada ante los ministerios.
El compromiso del ejecutivo es dar respuesta el 6 de diciembre próximo, durante una serie de reuniones técnicas que se realizarán en Lima. Asimismo, las organizaciones AIDECURCHA, ACODECOSPAT y FEKURU, precisaron que se debe formar una Mesa de Trabajo constituida mediante Resolución Suprema y antes del 15 de diciembre.
La organizaciones dejaron claro que este es un primer paso para dialogar con el Estado, diálogo y coordinación que debe ser permanente. Por medio de propuestas claras, esperan que el Estado fortalezca este camino participativo y de respeto, con el objeto de hacer real sus derechos y el desarrollo en las comunidades.
Uno de los factores que se señalaron como influyentes, es la demora en el cumplimiento de actas como la de Lima (10/3/2015), Teniente López (24/9/2015) y José Olaya (5/11/2015). En dichos documentos se precisa de compromisos del Estado, en el corto y mediano plazo, para atender la compleja problemática social y ambiental en las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón.
Terminado el diálogo, las organizaciones plantearon volver a sus comunidades para poder informar los acuerdos alcanzados en el marco de tres días de trabajo en Lima. (MIPR)
