Tan solo en los inicios del año 2000 el país a través de las respectivas instancias pudo congelar más de $ 200 millones de dólares resultado de los ilícitos movimientos económicos de la mafia criminal fujimontesinista, de los cuales en ese entonces se recuperó $ 75 millones.
Han pasado ya casi dos décadas y modelos de delitos similares para apropiarse de los dineros del Estado persisten, como persistiría el aparente control sobre el sistema de justicia llámese policía, fiscalía y poder judicial, para que no se pueda recuperar íntegramente lo robado.
En el actual contexto, si bien hay un gran avance en materia de la lucha contra la corrupción, no se dan las condiciones presupuestales para superar las carencias de personal y logística, tal como lo exigió públicamente personal de la fiscalía anticorrupción a nivel nacional.
Los resultados además de las investigaciones finales, las aperturas de procesos y las órdenes de detenciones, es muy, pero muy importante que haya celeridad en el marco del debido proceso paras las sentencias merecidas y la recuperación del dinero obtenido de forma ilegal.
Es decir, lo que perjudicó criminalmente al país, porque cuánto se hubiera podido hacer con los millonarios presupuestos, por ejemplo, en la lucha contra la anemia y desnutrición infantil, en la lucha contra las muertes maternas.
El escenario de hace cerca de 20 años no ha variado mucho y en nuestra región tenemos varios casos como los robos en las UGEL de la Dirección Regional de Educación, que hasta la fecha la fiscalía se supone sigue investigando en busca de pruebas.
Aunque hay casos puntuales como los del Datem del Marañón, del cual se deslizó que todos los involucrados habían aceptado su delito, que les depositaron el dinero, pero, pero, hasta la fecha casi nada se conoce de este caso puntual, ni las oficinas de Imagen de Moyobamba, ni de Loreto dicen nada al respecto de un caso que podría ser emblemático o una muestra de que cuando hay pruebas la justicia actúa con mayor celeridad.
Recuperar millones
