- Expresa Abog. Jorge Tacuri, quien anuncia llegada de congresista Manuel Dammert, para el día de hoy.
Una visita que se da en un marco especial en el que se encuentra hoy el Lote 192 tomado por los pueblos indígenas, debido a determinaciones asumidas por el gobierno sin que antes les hayan consultado nada.
El Abog. Jorge Tacuri, conocedor del tema, anunció para hoy temprano la llegada del congresista que se la jugó en el Congreso por la defensa del Lote 192 a fin que sea administrado por Petroperú.
“Llega a Iquitos el congresista Manuel Dammert Egoaguirre, quien pertenece a la Comisión de Energía y Minas e investiga la situación del Lote petrolero 192 y Petroperú. Es quien ha batallado para que ese lote esté a cargo de Petroperú. Hablará sobre los hallazgos que hay respecto a la conducta empresarial de Pacific Stratus, la modificación del contrato, el pedido de consulta previa y qué relación existiría con la crisis económica de Loreto”, dio a conocer Jorge Tacuri.
¿Qué opina sobre la situación actual del Lote 192, sobre la toma realizada por varios pueblos originarios de esas cuencas?
-De acuerdo a la consulta han puesto una cláusula donde señalan que cualquier modificación del contrato tiene que ser sometida a una Consulta Previa. Si nos guiamos por las actas de consulta y diálogos que ha habido, el Estado está obligado a consultarles.
Hay Federaciones que no han participado en la Consulta Previa y que tienen todo el derecho porque se habla de 30 años de futura actividad petrolera; y no solo eso, sino también de la afectación a los pueblos y cualquier medida que promueva el Estado y afecte a sus comunidades tiene que haber una Consulta Previa.
Lo que pasa es que se está tratando de hacer modificaciones al contrato ya que la empresa (Pacific) ha cambiado el nombre (Frontera Energy) y están queriendo crear ese matrimonio forzado entre Petroperú y Frontera Energy, donde al final Petroperú simplemente será el membrete.
Hay un esfuerzo lobista al respecto para que se quede con el Lote 192 sin haber participado en una licitación como requiere la Ley, sin haber consultado a los pueblos indígenas y sobre todo con condiciones contractuales que serían muy lesivas para la región Loreto.
