Calamitosa. Así es la situación de los puestos de vigilancia fronteriza y policial del Bajo Putumayo, cuya misión es la seguridad de más de 1.600 kilómetros de territorio que comprende la franja fronteriza de la provincia del Putumayo.
Las casetas que albergan a las fuerzas del orden están prácticamente en ruinas, y desprovistas de los servicios más básicos. Una situación vergonzosa que revela la negligente desatención del Estado en las zonas más alejadas y del interior de Loreto.
Al mismo tiempo, la gran mayoría de su población enfrenta desnutrición, pobreza, narcotráfico y crimen organizado. Ante lo cual, sólo se conoce el accionar del gobierno con la aprobación de las sucesivas declaratorias de emergencia que resultan en letra muerta.
Ello, a razón de la señalada falta de instalaciones idóneas, y la carestía de logística, al extremo que no cuentan con embarcación para atender las emergencias de los poblados de la ribera.
El escenario es más álgido por la falta de telefonía e Internet. Ocasionalmente, el personal policial recurre al apoyo de la Marina de Guerra del Perú para conectarse a la red Starlink de Internet. Es la única institución que cuenta con ciertos servicios esenciales y coopera con las pocas que existen.
La incomunicación vial terrestre, como la digital, son principales brechas que han agudizado estos problemas, convirtiendo al Putumayo en el mayor productor de plantaciones de coca, ostentando el 53% del total nacional de hectáreas.
A su vez, la geografía, favorece el rápido traspase de los cultivos ilícitos a la vecina Colombia, país donde se los convierte en producto final; y que, como parte del accionar delictivo de las narcoguerrillas, imponen reglas para las familias dedicadas al sembrío, a la vez de ejercer control de la navegación fluvial.
Precisamente, hasta la localidad El Álamo, hito de la frontera con Colombia, y donde están instaladas las precarias bases, llegó una delegación de autoridades, entre ellas, el Comandante General de Operaciones de la Amazonía, y el presidente de la Corte Superior de Loreto. Ellos, observaron in situ la penosa realidad de la seguridad en las fronteras de Loreto.
URGE ACCIÓN DEL ESTADO
Los operativos militares y policiales destinados a restaurar la seguridad de las comunidades, se enfrentan sin duda a numerosos desafíos, debido a la falta de recursos y apoyo logístico. La extensión de la crisis ha llevado a la declaración de repetidos estados de emergencia en la provincia del Putumayo, en un intento por contener la creciente ola de delitos.
En tal sentido, es imperativo que se tomen medidas urgentes para abordar tanta problemática. La débil presencia del Estado en la frontera no solo pone en peligro la seguridad de sus habitantes, sino que además alimenta el ciclo de violencia y criminalidad que afecta a toda la nación.
