- Llegaron desde esa región para estar presentes en la audiencia donde se sustentó su demanda.
El dirigente representó a la población de Puerto Franco. “Estamos haciendo una demanda al Estado por el tema que venimos sufriendo años al haber posesionado una concesión forestal y área natural protegida de Sernanp, en territorio de Puerto Franco.
Pedimos que se haga justicia como debe ser al Estado, queremos recuperar nuestro territorio. Pedimos la titulación de nuestro territorio, somos posesionarios. Ellos han puesto el parque nacional Cordillera Azul. Cuentan con bonos de carbono que no nos benefician en nada”, habló el dirigente.
Luego se pronunció la abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL) Christina Gavancho.
“Esperamos que el Tribunal Constitucional, que tiene una oportunidad única para definir que los pueblos indígenas solo requieren de su preexistencia y ocupación ancestral en un territorio para ser dueños del mismo sin mayores requerimientos a temas vinculados a títulos formales del Estado, falle a favor de dicha comunidad.
Es el Estado el que omite estos procesos de los pueblos indígenas para reconocerlos, titularles y después sobre ellos crear otros derechos que luego pretende imponer a los propios pueblos indígenas reales dueños de esos territorios.
Como el caso del Parque Nacional Cordillera Azul en Puerto Franco y dos concesiones forestales que se han otorgado sin consulta previa, sin consentimiento de la comunidad.
Y lo grave de esto es que sobre el territorio que se ha constituido el parque que más o menos es el 60% del territorio de la comunidad, que abarca 115 hectáreas, a partir del año 2012 se creó un proyecto de carbono a través de un proyecto Red Más que se está vendiendo a empresas contaminantes en el norte global como Total Energy y a la fecha han vendido 80 millones de dólares.
Y esto ni siquiera se ha hecho a través de un mecanismo de transferencia y participación, han sido las organizaciones indígenas del pueblo kichwa las que han destapado esta información. El administrador que es una ONG privada que se llama CIMA, nunca quiso comentarlo de manera directa, abierta”, dio a conocer la abogada.
