- Extraordinaria noticia para la cuenca del Nanay y sus afluentes.
Organizaciones indígenas de Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia respaldan una demanda presentada ante este tribunal contra el Estado peruano por presuntos incumplimientos en la lucha contra la minería ilegal en la cuenca del río Nanay.
El abogado y miembro del Observatorio de Minería Ilegal, César Ipenza Peralta, indicó que organizaciones indígenas de Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia vienen respaldando una demanda presentada ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN) contra el Estado peruano por presuntos incumplimientos en la lucha contra la minería ilegal en la cuenca del río Nanay, en Loreto.
Inicialmente, la acción judicial fue impulsada por la Coordinadora de las Cuencas de las Comunidades Nativas Campesinas de la Cuenca del Río Nanay (Conacunai), la cual, en 2025, presentó un reclamo ante la Secretaría General de la Comunidad Andina.
Según Ipenza, dicha instancia emitió en octubre del año pasado un dictamen que identificó incumplimientos del Estado peruano respecto de sus obligaciones comunitarias, abriendo la posibilidad de acudir al TJCAN.
De acuerdo con el abogado, las organizaciones indígenas de Ecuador, Colombia y Bolivia presentaron comunicaciones de respaldo ante el TJCAN a fines de junio de este año.
Perú habría incumplido decisiones andinas. «Lamentablemente, el Perú ha incumplido sus obligaciones que derivan de las decisiones andinas sobre la lucha contra la minería ilegal», refirió.
El especialista explicó que la demanda se encuentra actualmente en etapa de evaluación de admisibilidad por parte del tribunal. Ipenza precisó que el Estado peruano habría incumplido la Decisión Andina 744, referida a la lucha contra la minería ilegal; la Decisión 922 sobre crimen organizado transnacional; y otros compromisos vinculados a la contaminación por mercurio.
«Producto de esa inacción tenemos, lamentablemente, ya evidencia demostrada científicamente sobre la contaminación por mercurio en pobladores de la cuenca del río Nanay, que ya se ha documentado y se ha informado ampliamente el año pasado», expresó. Asimismo, advirtió sobre la presencia de organizaciones criminales «de carácter transnacional» vinculadas a actividades ilegales en la zona.
Más de 65 dragas operarían en la cuenca del Nanay
Entre los argumentos expuestos en la demanda, se reporta el incremento de dragas operativas en la cuenca del río Nanay. Según los datos, en 2025 se identificaron más de 65 que verterían aproximadamente una tonelada y media de mercurio cada año en el río, principal fuente de abastecimiento de agua potable para más de medio millón de habitantes de Iquitos. Esta situación afecta principalmente a 33 comunidades indígenas y campesinas asentadas en la cuenca del Nanay, fuente principal para su alimentación y actividades económicas.
Ipenza señaló que, en lo que va del 2026, se admitieron nuevos petitorios mineros en áreas donde la actividad minera se encuentra prohibida. Precisó que estos son los petitorios mineros Achuni y Jaguar Dorado; el primero fue posteriormente declarado extinto tras los cuestionamientos formulados desde Iquitos y por comunidades de la cuenca del Nanay. Pese a ello, Ipenza remarcó que dichos petitorios «ni siquiera debieron ser admitidos a trámite».
«Si uno ve a lo largo de la cuenca del río Marañón, la cantidad de petitorios y concesiones otorgadas sobre ríos amazónicos donde está prohibida la actividad se sigue dando. En Madre de Dios, donde están prohibidos o suspendidos los petitorios mineros, se sigue admitiendo petitorios que siguen estando en el sistema aparentemente en trámite cuando debieran ser declarados inadmisibles de pleno derecho», mencionó.
¿Qué consecuencias habría para el Estado peruano?
Ipenza explicó que, en caso de que el Tribunal determine responsabilidades del Estado peruano, podrían aplicarse sanciones económicas dentro del sistema andino de integración. «Si un Estado es sancionado por este tribunal, lo que llevaría es a una sanción económica, es decir, impondría aranceles a productos del Perú para los otros países andinos, hacia Colombia, Ecuador y Bolivia concretamente», refirió.
En el punto 4 del documento, se alerta sobre amenazas que enfrentan al menos 15 defensores ambientales del río Nanay. Al respecto, Ipenza indicó que el Ministerio de Justicia cuenta con un registro claro de las personas que han solicitado las garantías para enfrentar la violencia y la amenaza que surge en esta zona.
Asimismo, señaló la presencia de ciudadanos extranjeros vinculados a actividades ilegales, como la aparición de organizaciones criminales de Colombia en sectores de la cuenca.
