“Los anuncios publicitarios, todos ellos coloridos, de las distintas municipalidades y del Gore Loreto notificando a sus poblaciones el inicio de los presupuestos participativos 2024 y rendición de cuentas 2022, una exigencia delegada en la Ley 28056 que tiene por objeto establecer disposiciones que aseguren la efectiva participación de la sociedad civil; establece también que en ningún caso (directiva, lineamientos o instructivos) no puede restringir la participación de la sociedad civil en la priorización y programación del presupuesto participativo (artículo 5°)”.
Así inicia un interesante artículo del economista e investigador de temas socioeconómicos Roger Grández Rios, que les compartimos. “En el tiempo, los resultados cuentan: la participación ciudadana en estos espacios de diálogo vinieron a menos por la poca efectividad de los compromisos asumidos en las actas de trabajo, la inexistencia de sanciones administrativas de los funcionarios relacionados en este proceso, los bajos presupuestos asignados para la priorización de los proyectos; convirtiéndose en una sala de reuniones donde las instituciones y la sociedad civil se organizan en los propios intereses de la institución convocante, donde el jefe de pliego hace prevalecer sus proyectos de inversión o elaboración de perfiles de proyectos como ocurre permanentemente en las municipalidades rurales, que se gastan en su elaboración pero que se desconoce su existencia.
La sociedad civil no tiene participación en estos espacios como ente fiscalizador y de proponer propuestas para encausar las verdaderas necesidades públicas locales. Cuatro son los motivos que nos inspiran para la realización de la presente nota, respecto a los presupuestos participativos: Primero, el Índice de Implementación de los Presupuestos Participativos (IIPP) aquel que mide la ejecución de los proyectos de inversión proclamados en las actas de acuerdos y compromisos; que en Loreto no debe pasar del 10 por ciento.
Segundo, las prioridades de los proyectos identificado no coinciden con los objetivos estratégicos institucionales y muy lejos de los ODS 2030, de ahí que el esfuerzo institucional de cerrar brechas en vez de disminuir, permanecen o se ensanchan.
Tercero, no existe una sistematización de las instituciones públicas encargadas de fomentar el desarrollo regional y gobernanza territorial, de buenas prácticas contributivas de los presupuestos participativos en el desarrollo local, donde el ciudadano resulta ser el héroe civil como líder de los comités de vigilancia de inversiones y gasto social, y cómo la entidad pública los incentiva.
Cuarto, de acuerdo al Índice de Capacidad para la Entrega de Servicios Públicos (ICE), que es un índice compuesto elaborado por el CEPLAN (2022) dan cuenta a nivel de los 26 departamentos en el periodo 2015-21, Loreto ocupa el nivel más bajo del indicador promedio con 29,20 puntos, siendo el promedio nacional de 60,39 ocupando el primer lugar Tacna con 75,77 puntos.
Los espacios de diálogos constituidos en los presupuestos participativos resultan ser, en la práctica, una de las herramientas para la prevención de la corrupción institucional y un buen inicio para encaminarse hacia el desarrollo sostenible territorial; sin embargo, para las instituciones públicas encargadas del desarrollo local no es de su interés, no los toman en cuenta en sus objetivos institucionales”. Interesante tema para la investigación de los fiscalizadores consejeros regionales y regidores. ¿Llegarán a algunas conclusiones y acciones en el marco de sus funciones?
Presupuesto sin participación
