«No protegemos a ningún magistrado, tampoco sancionamos sin elementos probatorios, porque cometeríamos una acción arbitraria», señalaron los magistrados Edgar Rojas Domínguez, y Edwar Sánchez Bravo, presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martín (CSJSM) y jefe del Órgano Descentralizado de Control de la Magistratura (ODECMA), respectivamente.
Estas declaraciones la formularon en conferencia de prensa, en la sede del Poder Judicial- Yurimaguas, al tratar el tema de la advertencia que dieron las rondas campesinas al juez Julio Cesar Aquino Medina, en un comunicado público.
Los magistrados manifestaron que para pedir la sanción de un juez, se debe acudir a las instancias correspondientes, las mismas que evalúan las denuncias escritas y tras comprobar que se ajustan a la verdad, se dictamina una sanción administrativa.
«Evaluaremos las denuncias de los ronderos, pero trataremos en lo posible de superar las diferencias o enfrentamiento existente entre la organización de las rondas con el Poder Judicial representado por los jueces», señaló el presidente de la Corte Superior.
El magistrado también manifestó que los jueces actúan de acuerdo a la investigación y denuncia fiscal, y en algunos casos las resuelve la Sala de Tarapoto.
Los periodistas sugirieron que estas denuncias se evalúen y se investiguen exhaustivamente, pues existe la versión dada por el juez Aquino que el abogado Cristóbal Silva Rosas que tiene dos procesos abiertos en su contra, los está ventilando el referido magistrado. Al mismo tiempo solicitaron que se vea el caso de la condena interpuesta por el Segundo Juzgado Mixto en contra del periodista Johnny Pezo Tello, por publicar fotos del ex fiscal Juan Evaristo Puño y el caso de los esposos Irenio López Huamán y Luz Erlith Córdova Castillo, quienes están procesados e internados en el penal de Yurimaguas, por el presunto delito de Tráfico Ilícito de Drogas, atendiendo el reclamo de los pobladores de Pampa Hermosa.
El jefe de la ODECMA, se comprometió a iniciar una investigación sumaria y en 2 o 3 días determinar lo necesario de acuerdo a ley. (GLP)
