Las nuevas generaciones no saben cuándo el Perú y en particular Loreto entraron en el torbellino de la corrupción de funcionarios. Si en las altas esferas del gobierno central se hablaba de enriquecimiento del gobernante o sus más cercanos colaboradores, el pueblo, en su ignorancia, decía «que robe pero que haga obras».
En los gobiernos dictatoriales, la prensa, al no tener acceso a fuentes fidedignas de información, al ver cerradas las posibilidades de investigación, prácticamente se ve atada de manos para informar con verdad. Es más, la censura calla voces y encierra a quienes pretenden hurgar en las sinuosidades del poder.
En la entonces incipiente democracia que vivía el Perú, por los años sesenta del siglo pasado, el gobierno central era el que designaba a las autoridades locales, escogiendo a personas de intachable calidad moral para desempeñar esas funciones. En las ciudades de ese tiempo, todos los vecinos se conocían y los foráneos que venían a sentar raíces también eran aceptados en la sociedad, siempre y cuando llevaran una vida limpia y honorable.
Los funcionarios públicos eran personas de respeto y si por desgracia alguno de ellos caía en la tentación de robarse los fondos del Estado, simplemente llevaba hasta su tumba, el sambenito de ladrón y su familia tenía que cargar con semejante deshonor. Dura era la cosa.
Todo eso se va al tacho cuando se instituyen las elecciones municipales. Los alcaldes pasan a ser, salvo honrosas excepciones, los dueños de los fondos municipales, las alcaldías se convierten en refugio de gente ávida de dinero y poder, donde se compra y se venden dignidades.
En las reparticiones públicas se instituye la coima y la cutra, el deja para la gaseosa y el ponte un sencillo. Más adelante vienen las obras mal hechas, los negocios ilícitos, las sobrevaloraciones de las cosas a adquirir con los fondos públicos. Y eso es lo que hasta hoy está presente. Lo denunciado ayer por este diario sobre una sobrevaloración en la adquisición de equipos médicos para el Hospital Iquitos, no es más que una muestra más de lo podrida que se encuentra la administración pública, cosa bien difícil de arreglar.
