- Primó la diligencia e imparcialidad de Juzgado de Loreto para desarrollar el proceso sin distinguir si una de las partes ocupa un cargo público, garantizando que la justicia opera por igual para todas las personas.
A fin de asegurar el desarrollo de la investigación fiscal, el Poder Judicial resolvió que un efectivo policial, sindicado por presunta violación sexual contra una adolescente, sea investigado bajo prisión preventiva.
A través del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas de la Corte Superior de Justicia de Loreto se ordenó, ayer, la prisión preventiva de Yiordan Wander Lecca Chistama (28) por el plazo de 09 meses, tiempo en que el Ministerio Público proyecta culminar con la respectiva investigación, la cual posibilitará, si así lo considera esta institución en función de las pruebas que recaude, la continuación del proceso penal o su archivamiento.
La cuidadosa evaluación de la jueza, Erika Evanice Iberico Vega, llevó a determinar la conveniencia de imponer la medida cautelar, señalando entre sus fundamentos que la investigación peligra porque -tratándose de un delito que se sanciona con varios años de cárcel- puede motivar la fuga del investigado. Asimismo, hay una sospecha grave que lo vinculan al referido hecho.
En cuanto al arraigo, se determinó que éste no existe pues el investigado vive en una propiedad que no le pertenece. De igual manera, la investigación puede verse afectada, toda vez que si el sospechoso permanece en libertad puede incidir sobre la menor para que retire la denuncia, además de poder manipular los elementos probatorios en su condición de policía.
Conforme a la imputación, la adolescente agraviada, durante sus vacaciones escolares, cuidaba de la hija menor del policía; período en que habría sido sufrido las agresiones sexuales en más de una oportunidad, y bajo amenazas con arma de fuego. Esto ocurriría en la vivienda del efectivo policial, ubicada en la carretera Iquitos – Nauta.
La denuncia fue interpuesta por la madre de la agraviada en marzo del 2022, tras observar un cambio progresivo en el comportamiento de su hija que, conforme al informe psicológico, reveló afectación emocional y cognitivo, entre otros hallazgos, que posibilitaron conocer que las agresiones se habrían dado en el año 2020.
Cabe resaltar la diligencia e imparcialidad del Juzgado para desarrollar este proceso sin distinguir si una de las partes ocupa un cargo público o es una autoridad. Asimismo, el impulso del caso se dio en atención a la condición de vulnerabilidad de la parte agraviada.
La Corte de Loreto mantiene firme su labor en la mejora del funcionamiento de su servicio a las y los justiciables.
CSJ Loreto
