- Comunidades de los ríos Pintoyacu y Chambira protestan contra puesto de control de Yarana
El pasado miércoles se llevó a cabo una marcha pacífica en la localidad de Santa María de Nanay, capital del distrito de Alto Nanay, por parte de pobladores de las comunidades de los ríos Pintoyacu y Chambira para expresar su malestar ante el nuevo puesto de control de Yarana, que según los moradores, impide el comercio de madera, la principal fuente de su economía.
Es así que alrededor de 80 familias (entre hombres, mujeres y niños) llegaron en botes para defender sus derechos desde los anexos de Buenavista y Villaflor de la comunidad campesina Tres Unidos del río Chambira, los anexos Saboya, Triunfo, Montecalvario y Miraflores de la comunidad campesina Seis Hermanos del Pintuyacu, así como San Juan de Raya, Diamante Azul y San Juan de Hunguragual del Nanay.
Los pobladores fueron acompañados por el Frente Patriótico (Frente de Defensa de los intereses del distrito de Alto Nanay), Federación CONACCUNAY (Coordinadora de Comunidades Nativas y Campesinas de la Cuenca del Alto Nanay), y la Asociación SUYAY – ZYL que acompaña a las comunidades del Pintuyacu – Chambira en procesos de educación comunitaria y en materia de derechos humanos.
Y es que de acuerdo a los moradores, el nuevo control multisectorial (policía, navales, fiscalía, entre otros) en el puesto de ecoparques de Yarana, en la reserva natural Alphuayo Mishana, en el río Nanay, comete humillaciones, incautaciones de productos madereros y restricciones arbitrarias en el transporte de carburante y alimentos. Materiales que son imprescindibles para sus vidas cotidianas, pues aseguran no disponer de otra fuente de comercio y abastecimiento que no sea la ciudad de Iquitos.
Asimismo, los comuneros ribereños afirman necesitar la gasolina (Que se les es incautada) para sus desplazamientos rutinarios, para el trabajo, para generar electricidad para la iluminación o para la utilización de cualquier instrumento que precise de energía eléctrica, trabajar con las motosierras, bombas de agua, etc, en un distrito donde no hay ningún grifo de combustible que permita el abastecimiento.
En ese sentido, don Víctor Reyna Chávez, Teniente Gobernador de Buenavista del río Chambira, expresa con indignación que se sienten tratados como delincuentes cuando lo único que quieren es poder alimentar a sus familias como todo ciudadano.
El teniente Reyna Chávez comenta que la comunidad de Buenavista rechazó las ofertas por parte de las compañías extractivas del mineral en el río Chambira, a pesar de que se les ofreció una importante suma de dinero, pero ahora se encuentran con la realidad de que su única fuente de ingresos, la madera, está siendo también perseguida y amenazada de ser incautada. “¿De qué vamos a vivir?”, puntualizó.
Otro vocero fue Don Eber Mahua, presidente de la APAFA del anexo de Montecalvario de Seis hermanos del río Pintuyacu, quien exclama que las comunidades no tienen un especial interés en la actividad de la madera, sino que es una actividad a la cual se ven obligados por la falta de oportunidades en la zona.
“Si nos ofrecieran cualquier otra alternativa con la que pudiéramos satisfacer nuestras necesidades básicas vitales como hacemos con la madera, con buen gusto la aceptaríamos, el trabajo de aserrar madera es duro y peligroso”, declaró el dirigente.
Finalmente, el caso de la señora Leonila Elisabeth Realpe, quien gestiona una bodega en Santa María, comenta que compra dos bidones de 60 galones semanales para poder proveer al Tambo de Diamante Azul, con el que tiene un contrato de suministro en su gasto mensual de 68 galones, y a los vecinos tanto de la capital como de las comunidades de alrededor.
Doña Leonila Realpe señala que la Fiscalía le confiscó un bidón en un viaje y luego dos bidones en otro viaje. A pesar de contar con un certificado como proveedora del MIDIS a través del Tambo, de disponer de todos los documentos de su negocio en regla y de las facturas de la compra de la gasolina, la petición de devolución del producto incautado le fue denegada alegando que podía estar suministrando a las dragas, sin ninguna aportación de pruebas.
Argumenta que tras las pérdidas económicas que han supuesto para ella dichas incautaciones, ya no se atreve a comerciar con gasolina, suponiendo un problema de suministro para toda la ciudad y las comunidades del distrito y una importante pérdida de rentabilidad a su negocio. Experiencias como éstas, así como las que refieren a la incautación de la madera, se repiten entre los vecinos de las tres cuencas.
Por todo ello, hace unas semanas las autoridades de las comunidades de los ríos Pintuyacu y Chambira emitieron un oficio al gobernador regional, Elisbán Ochoa, y a la dirección regional de agricultura, para que se disponga de un permiso de manera extraordinaria para que los comuneros de la zona puedan transportar sus recursos de manera segura y formal, al ser identificaos como moradores y no como trabajadores de la minería ilegal.
