- En comunicado del CEPJ que respalda al doctor Víctor Ticona Postigo
- Se rechaza propuesta presentada por el MEF que sólo asigna a este poder del Estado el 1.3% del Presupuesto General de la República
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) rechaza el proyecto de presupuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó al Congreso de la República, el cual asigna a este poder del Estado una partida de sobrevivencia que no le permitirá cumplir con las exigencias de justicia de la población.
El órgano de gobierno administrativo del Poder Judicial considera que el monto de 1,803 millones de nuevos soles que propone el MEF no responde al criterio de equidad que señala el artículo 77 de la Constitución Política, por representar sólo el 1.3 por ciento del Presupuesto General de la República.
En comunicado público, el CEPJ respalda el pedido de 2,931 millones de nuevos soles, formulado por el doctor Víctor Ticona Postigo, que le permita a la institución atender los proyectos a favor de una justicia moderna, eficaz, transparente y célere en beneficio de la ciudadanía.
En tal sentido, concuerda con lo planteado por la máxima autoridad judicial ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República para que se apruebe una demanda adicional mínima de 410 millones de nuevos soles que contribuya a reforzar la lucha contra la corrupción, modernizar el sistema de justicia y fortalecer los órganos jurisdiccionales.
El CEPJ también apoya las gestiones de la Presidencia del Poder Judicial para concretar la mejora de las condiciones económicas de los servidores judiciales, a fin de que puedan desarrollarse personal y profesionalmente acorde con la delicada labor que desempeñan.
Asimismo, destaca que, pese a las circunstancias presupuestarias adversas, se viene obteniendo óptimos resultados en la implementación progresiva de las reformas laboral y penal, así como en la aplicación paulatina del sistema de notificaciones electrónicas en todo el país.
Finalmente, el CEPJ reafirma el compromiso de los jueces con el país a favor de una administración de justicia eficaz, moderna, transparente y célere, la misma que, se anota, será posible concretar con un presupuesto acorde con los requerimientos de justicia que la población demanda.
