Petroleras y Estado

Lo que surgió como un justo reclamo por la contaminación con petróleo en los ríos, se quedó como un mecanismo de presión hacia el Estado para cumplir con sus compromisos y funciones que ha cobrado ya muchas vidas directa e indirectamente.
En nuestro caso de Loreto la remediación ambiental ha quedado en el camino y poco se ha remediado, es más una de las empresas que más ha contaminado ya se ha ido del país y le pasó la responsabilidad al que se quedó, pero le pasó formalmente unos 60 pasivos ambientales y luego se descubrieron más de 2 mil.
Y las negociaciones pasaban por un monto de indemnización por lo contaminado a los pueblos por lo que las empresas pagaron en acuerdos directos miles y miles de dólares, porque de someterse a un proceso judicial el pago por daños y perjuicios hablaría de muchos millones de dólares.
Pero, mientras los pueblos y sus dirigentes descubrían la debilidad de las empresas petroleras de pagar los daños de esa forma, las aguas de los ríos, lagos y quebradas seguían contaminadas y afectando sus vidas, provocando enfermedades, poniendo la calidad de vida en el más bajo nivel en los pueblos indígenas.
Entonces empezaron a surgir los reclamos por agua apta para el consumo humano y obras de saneamiento completo con desagüe, pero si bien en varios lugares acertaron con linda agua extraída del subsuelo, en otros fracasaron y se tuvo que buscar alternativas como abastecerse también de las lluvias, a lo que se sumó la corrupción con la participación de ciertos apus coludidos con los representantes de empresas que no terminaron el trabajo o terminaron con defectos finalmente inutilizables.
Luego vinieron avances importantes en agendas ampliadas en el Plan de Cierre de Brechas con la participación de todos los pueblos del circuito petrolero y parecía que por fin se llegaría a la paz social a través de los compromisos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), pero decepcionó al querer aplicar criterios desde las oficinas limeñas y no desde la realidad indígena Amazónica, y no se firmó.
A esto se suma que muchos pobladores indígenas se muestran confundidos, creen que la empresa petrolera es el Estado que tiene que solucionar sus problemas de necesidades básicas en salud (urgente sobre Covid-19), educación y saneamiento, cuando estas entidades privadas en el marco de su proyección a la comunidad realizan algunos proyectos, que obvio no satisface la demanda social que es responsabilidad del Estado, de los gobiernos de turno que no cumplen con las políticas públicas a cabalidad.
En este entender, seguirán surgiendo reclamos desmesurados que lleven a enfrentamientos graves con muertes como lo que lloramos lo sucedido en Bretaña, sino se habla claro y firme respecto a las competencias, y que no sigamos poniéndonos la soga al cuello ante los inversionistas de cuyo trabajo surge el cálculo del canon y sobrecanon petrolero, y que además sin ser directamente su función participan en el proceso de diálogo con el Estado.
Se necesita claridad para no seguir generando odios en un escenario de confusión de roles privado-estatal que lleva a humildes moradores a ser carne de cañón. Basta.