Está todo tan enrarecido, que como Estado peruano tenemos que pagar o financiar la existencia de agrupaciones que la Ley de Organizaciones Políticas así lo ha determinado, en este 2022, serán un número de diez organizaciones las beneficiadas.
Las organizaciones beneficiadas son: Partido Político Nacional Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Partido de Integración Social, Juntos por el Perú, Partido Democrático Somos Perú y Partido Morado.
Estas diez agrupaciones políticas están representadas en el Congreso de la República y deben presentar una solicitud a la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, para recibir los fondos, como un aporte del Estado a su funcionamiento.
Llama la atención que se desconoce los montos económicos que recibirá cada una de las agrupaciones políticas mencionadas, sobre su utilización, que dice el reglamento para la inversión, en qué si pueden gastar, y como es la rendición de cuentas antes sus militantes.
Tampoco se conoce oficialmente sobre la supervisión al uso de estos fondos, cuál es el mecanismo que se utiliza, ya que si es fondo del Estado es dinero que pertenece a todos los peruanos y por tanto debe cuidarse que se cumpla con los objetivos para lo cual fue entregado.
Sería interesante conocer de acuerdo a las últimas entregas de estos fondos, cómo ha sido la rendición y si han existido observaciones o mal uso de los mismos, cuáles son las sanciones a los responsables y cómo ello puede perjudicar a la organización también.
Tal como nos llega la información podemos percibir que somos un Estado muy frágil de ser perjudicado en lo que, a la entrega de presupuestos de los fondos públicos, puesto que en el origen de la información esta carece de datos respecto a la fiscalización del uso de los mismos. El país necesita una reingeniería fuerte respecto a la transparencia de la información.
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