Paro de 48 horas

El paro regional de 48 horas convocado por la CGTP Loreto vuelve a poner sobre la mesa una realidad que ya no puede ser ignorada: la región tiene problemas acumulados que necesitan respuestas concretas. Combustible caro, inseguridad ciudadana, demandas laborales, dificultades en Educación y una larga lista de reclamos forman parte de una agenda que merece ser atendida. Pero también es legítimo preguntarse si paralizar las actividades durante dos días ayudará realmente a resolverlos o terminará golpeando, como tantas veces ocurre, a quienes viven de su trabajo diario.
El llamado del senador Juan Carlos Del Águila a evitar la paralización y privilegiar el diálogo plantea precisamente esa discusión. Los pequeños comerciantes, vendedores ambulantes, transportistas y trabajadores independientes no tienen un sueldo asegurado al final del mes: si no trabajan, no comen. Un paro puede ser una herramienta legítima de protesta, pero no puede convertirse en una costumbre que termine trasladando el costo de los reclamos a los mismos ciudadanos que también sufren los problemas que se denuncian.
Sin embargo, pedir diálogo también obliga a quienes tienen capacidad de decisión a demostrar que ese diálogo sirve para algo. Durante años, Loreto ha escuchado anuncios, compromisos, reuniones y mesas de trabajo que muchas veces terminan sin resultados visibles. Si ahora existen conversaciones iniciadas en Lima y está prevista una reunión con dirigentes transportistas y representantes del Gobierno, corresponde aprovechar esa oportunidad para pasar de las palabras a compromisos concretos, con responsables y plazos.
El combustible es un buen ejemplo. En una región como Loreto, donde el transporte fluvial y terrestre depende directamente de este recurso, su precio termina impactando prácticamente todo: alimentos, pasajes, servicios y costo de vida. Por eso, cualquier alternativa que permita reducir su precio debe ser evaluada con seriedad. Pero no basta con anunciar que se buscarán soluciones; la población necesita conocer cuáles son esas medidas y cuándo comenzarán a producir resultados.
Lo mismo ocurre con la inseguridad, la minería ilegal y el servicio eléctrico. No podemos acostumbrarnos a que cada problema termine convertido en una disputa entre instituciones o en una cadena de responsabilidades. El reclamo por Electro Oriente, por ejemplo, refleja el hartazgo de una población que quiere un servicio confiable y no explicaciones después de cada interrupción. Y frente a la minería ilegal en zonas como el Nanay y el Putumayo, se necesita una acción firme y coordinada del Estado, no solamente declaraciones.
Loreto necesita diálogo, pero un diálogo que produzca resultados. Y necesita protesta cuando las autoridades cierren las puertas, pero una protesta responsable que no termine perjudicando justamente a quienes pretende defender. La CGTP tiene derecho a reclamar y las autoridades tienen la obligación de escuchar; el senador tiene razón al señalar que el paro afecta a miles de trabajadores, pero ese argumento solo tendrá fuerza si el diálogo que propone consigue soluciones. Porque Loreto ya está cansado de escoger entre paralizaciones y promesas: lo que la región necesita ahora son respuestas.