No son invasiones, son negocios ilegales

Lo ocurrido ayer con el desalojo de los terrenos invadidos vuelve a poner sobre la mesa un problema que Iquitos no puede seguir tratando como si fuera simplemente una disputa entre quienes necesitan un lugar donde vivir y los propietarios de un predio. Detrás de muchas de estas ocupaciones existe un negocio mucho más organizado: personas o grupos que toman terrenos, los lotizan y luego los comercializan como si fueran legítimos propietarios. En otras palabras, no estamos solamente frente a una invasión, sino frente a una actividad que puede convertirse en un lucrativo tráfico de tierras.
El problema es que quienes terminan pagando las consecuencias no siempre son los verdaderos responsables. Hay familias que compran un lote creyendo que están adquiriendo una oportunidad para construir su vivienda, entregan sus ahorros y reciben documentos que no les garantizan la propiedad. Cuando llega el desalojo, descubren que compraron algo que legalmente nunca perteneció a quien se los vendió. Mientras tanto, quienes organizaron la ocupación muchas veces ya obtuvieron su ganancia y desaparecen dejando a los compradores enfrentados al problema.
Por eso, el Estado no puede quedarse únicamente con la fotografía del desalojo. Sacar a los ocupantes es una parte de la solución, pero no necesariamente termina con el problema. Si detrás de la ocupación existe una organización que vende lotes, hay que identificar a quienes promueven, financian, organizan y lucran con estas invasiones. De lo contrario, se recupera un terreno hoy y mañana aparece otra ocupación en otro lugar, con los mismos actores y el mismo negocio.
También hay que diferenciar a la familia que busca desesperadamente un lugar para vivir del que convierte la necesidad de otras personas en una fuente de enriquecimiento. No se puede justificar una invasión, pero tampoco se debe permitir que quienes lucran con la informalidad utilicen a familias necesitadas como escudo. La pobreza y la falta de vivienda no pueden convertirse en una licencia para apropiarse de terrenos ajenos y después venderlos.
Iquitos necesita una respuesta firme y permanente. Las municipalidades, la Policía, el Ministerio Público y las entidades responsables de los terrenos deben trabajar coordinadamente para identificar las zonas vulnerables, proteger los predios y perseguir a quienes hacen del tráfico de terrenos un negocio. También debe informarse a la población sobre la situación legal de los predios antes de entregar dinero por un lote, porque muchas familias terminan perdiendo sus ahorros por confiar en vendedores que no tienen ningún derecho sobre la propiedad.
El desalojo de hoy debe servir entonces para algo más que recuperar un terreno. Debe ser una señal clara de que en Loreto no se puede invadir para después lotizar y vender. El verdadero objetivo tiene que estar detrás de las personas que hacen negocio con la tierra ajena, porque mientras ellos sigan obteniendo ganancias, siempre habrá nuevos ocupantes, nuevos compradores engañados y nuevos conflictos. El terreno puede recuperarse en un operativo; acabar con quienes lo convierten en un negocio ilegal requiere investigación, justicia y decisión.