- Vecinos denuncian cobros irregulares por parte de supuesto propietario y exigen intervención urgente de autoridades para definir situación legal del predio.
Moradores del asentamiento humano San Julián, ubicado en el kilómetro 2 de la carretera Iquitos–Nauta, en el distrito de San Juan Bautista, protagonizaron una protesta con quema de llantas en el ingreso principal del sector, como medida de rechazo ante una presunta amenaza de desalojo que afectaría a decenas de familias asentadas en la zona.
La manifestación se desarrolló durante varias horas y generó momentos de tensión, luego de que los vecinos denunciaran que el ciudadano Octavio Pinedo Barreto, quien se presentaría como propietario del terreno, estaría exigiendo elevadas sumas de dinero a cambio de no proceder con el desalojo de los ocupantes.
Según relataron los pobladores, estos cobros serían irregulares y estarían siendo solicitados bajo presión, lo que ha generado preocupación e incertidumbre entre las familias, muchas de las cuales llevan varios años viviendo en el lugar y han levantado sus viviendas con esfuerzo propio.
En ese contexto, los vecinos señalaron que el pasado 27 de abril el Gobierno Regional de Loreto habría dispuesto la reversión del predio al Estado, debido a que el supuesto propietario no habría cumplido con el uso agrícola para el cual el terreno habría sido originalmente adjudicado.
Ante ello, los moradores cuestionaron la legitimidad de las acciones de Pinedo Barreto, al considerar que no contaría con sustento legal para exigir pagos ni para promover eventuales desalojos, por lo que pidieron que esta situación sea aclarada por las autoridades competentes.
Durante la jornada de protesta, los manifestantes bloquearon el acceso principal al asentamiento con llantas encendidas, como una forma de llamar la atención de las autoridades y visibilizar su problemática, generando además interrupciones momentáneas en el tránsito vehicular por la zona.
Los vecinos también expresaron su preocupación por el impacto social que tendría un eventual desalojo, señalando que en el sector habitan familias de escasos recursos, incluyendo niños y adultos mayores, quienes quedarían en situación de vulnerabilidad.
Finalmente, exigieron la intervención inmediata de las autoridades del Gobierno Regional, el Ministerio Público y otras entidades correspondientes, a fin de esclarecer la situación legal del terreno, garantizar sus derechos y evitar posibles abusos en perjuicio de la población. (K. Rodriguez)
