Si hoy la contaminación petrolera en los Lotes 1AB y 8 en Loreto es cada vez más evidente, esto se debe no sólo a declaraciones del Estado. Existe una tarea fundamental, dura y silenciosa que consiste en realizar una primera identificación y registro de los impactos de la contaminación a lo ancho de la selva.
La ausencia del Estado y el poco desarrollo de un sistema y estructura de fiscalización ambiental en el campo, ha generado un gran déficit en dicha labor. Sin embargo, esa tarea, nada fácil y poco reconocida, la han cumplido los monitores ambientales indígenas, quienes resultan unos verdaderos vigilantes de su territorio y el cuidado del ambiente.
Ayer, en el despacho de la congresista Verónica Mendoza se realizó una importante reunión con actores de programas o experiencias de monitoreo ambiental participativo o comunitario del país.
La reunión forma parte de una serie de actividades, orientadas a elaborar una propuesta que incorporare a las comunidades nativas y campesinas como actores centrales de la vigilancia ambiental en sus territorios.
En el evento participaron los programas de monitoreo ambiental y territorial indígena de organizaciones indígenas como FECONACO, FEDIQUEP y FECONAT, cuyos territorios han sido seriamente afectados tras 40 años de actividad petrolera.
Actualmente, los programas de dichas federaciones cumplen una función determinante en la identificación de puntos de contaminación no registrados en instrumentos de gestión ambiental y zonas mal remediadas por la empresa Pluspetrol, en el Lote 1AB y 8.
Si bien es cierto que el monitoreo ambiental en zonas de actividad extractiva ha sido hasta el momento responsabilidad exclusiva de las empresas concesionarias, muchas veces los reportes emitidos por ellas han sido incompletos o no se han ajustado a lo atestiguado por pobladores, comunidades u organizaciones indígenas o campesinas.
De esta manera, la iniciativa indígena de vigilancia ambiental y territorial ha surgido como una importante actividad complementaria, en función de mejorar la fiscalización y el seguimiento a la responsabilidad ambiental de las empresas extractivas.
«La participación de las comunidades en las actividades de monitoreo ambiental llevadas a cabo por el Estado, no solo es necesaria y legítima, sino también constituye una obligación del Estado peruano en cuanto ratificó el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (artículo 7.3 )», señala el documento de convocatoria. (MIPR)
