La lucha incansable a través de leyes e iniciativas organizacionales para disminuir los niveles de corrupción en las instituciones del Estado, es uno de los objetivos de la Ley 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
Esta ley plantea un aspecto que viene movilizando a técnicos y especialistas a fin de mostrar la efectividad de este instrumento legal, es el concepto de la gestión por resultados que siguen al compás de quienes decidan o no aplicarlo. Desde el informe más simple el tema es cómo vamos midiendo estos resultados.
La ley en referencia permite generar las medidas para corregir errores, pero cuán entrampado se encuentra el mismo procedimiento que nos debe llevar a los mecanismos para enmendar las equivocaciones. El camino pareciera estar minado.
Asimismo, la ley en referencia en sus mejores intenciones permite disminuir la corrupción, pero esto pasa por la capacitación, implementación y además la sensibilización de un gran sector de servidores públicos que han cerrado filas a los actos correctos y persisten en vicios que hace daño a la institución.
Lo peor de todo es que el mismo sistema les brinda ciertas facilidades para persistir en el vicio administrativo y la debilidad en la aplicación de las sanciones administrativas, que cuando se dan, otro nivel como el judicial se encarga de, sin proponérselo, burlar al propio Estado.
Esta ley en sus mejores intenciones apela a una ciudadanía que aumentará su confianza hacia el aparato estatal y cada vez las encuestas nos enrostran que los ciudadanos y ciudadanas hace mucho tiempo que no solo desconfían, sino exigen acciones que certifiquen la viabilidad de la propia ley. (DL)
