-Sobre el tema se pronunció el presidente de Acodecospat
-Así como sobre los lotes petroleros del Marañón.
Según anuncios de la empresa estatal Perúpetro, en la cuenca del río Marañón se ubican 3 nuevos Lotes destinados a la extracción de hidrocarburos. Estos Lotes se licitarán en los próximos meses sin embargo, se ubican en una zona altamente sensible en términos ambientales y culturales: por un lado se encuentran en el área de amortiguamiento de la famosa Reserva Nacional Pacaya-Samiria; y por otro, los lotes se superponen a territorio ancestral de las comunidades cocama.
El gobierno anunció también que realizará un proceso de Consulta Previa a las comunidades indígenas que se encuentren en los ámbitos de los Lotes. Pero 40 años de actividad petrolera en la zona (el Lote 8x está en actividad desde 1971, se ubica en el interior de la Reserva Nacional Pacaya Samiria) sin respeto a los derechos colectivos indígenas, ni fiscalización ambiental estricta y necesaria, anuncian un proceso lleno de debilidades y desconfianzas.
Además, la Ley de Derecho a la Consulta Previa (agosto 2011) y su Reglamento (marzo 2012), han sido observados por diversas organizaciones indígenas y especialistas, incrementando la inestabilidad de un proceso que debe asegurar todas las garantías de buena fe que sean necesarias.
«ESTA ES UNA LUCHA POR LA VIDA»
Señala el Apu Alfonso López Tejada, presidente de la organización Acodecospat.
¿Qué representa la actividad petrolera en los territorios indígenas y las comunidades?
-La actividad petrolera es una acción concreta que altera nuestro territorio, nuestro ambiente, nuestra salud, nuestra cultura. Hoy hay 3 nuevos Lotes en el Marañón, desde San José de Saramuro hasta cerca a la ciudad de Nauta. Además hay 17 nuevos Lotes en el río Corrientes y hay más.
¿Cree que no hay respeto a sus derechos?
-Así como anteriormente no se consultó para lotizar estos sobrepuestos a nuestros territorios, ahora con estos lotes ellos se vuelven a imponer. Ahora me ha dicho un petrolero que están construyendo barcos con doble fondo, que irán desde el Curaray hasta la Estación 1 en San José de Saramuro, que ya no va a haber contaminación. Los ríos dejarán de ser nuestros caminos y serán vías para grandes trasnacionales, violando nuestros derechos. Los ríos son nuestra única fuente de acceso al agua, ésta es una lucha por la vida.
En junio de 2010, en el puerto de San José de Saramuro se registró un derrame de más de 400 barriles de petróleo en el río Marañón. Sin embargo, en el último mes de junio, la Fiscalía Especializada en Materia Medioambiental de Loreto resolvió el archivamiento del caso alegando que no se puede determinar responsabilidades.
Tiempo atrás en el año 2000 ocurrió un derrame petrolero de aproximadamente 5000 barriles. A la fecha, este caso ha prescrito impunemente en los archivos judiciales de Loreto. En ambos casos 2010 y 2000 la empresa Pluspetrol es la principal responsable de los hechos.
2013: «SERÁ EL AÑO MÁS DIFÍCIL»
«Desde 1971 hasta aquí no hay registro de los daños ambientales en el interior de la Reserva. Entonces no hay registros ambientales y no hay voluntad para remediar la contaminación, por lo tanto no hay la confianza necesaria», dice López.
Y el anunciado proceso de consulta ¿tampoco brinda confianza?
-No se puede avanzar en esa consulta porque no conocemos cuántos son los pasivos, quiénes son los responsables. Han pasado ya 40 años sin consulta y hoy, además, nos vuelven a imponer nuevos lotes.
¿Ustedes se oponen a los procesos de consulta que anuncia el Estado?
-No es que nos opongamos a la consulta, nosotros no nos oponemos a un proceso de consulta responsable, pero este derecho ya ha sido violado por el Estado. Incluso la Ley de Consulta es agresiva al no haber sido consultada previamente con los pueblos indígenas.
¿Qué es indispensable para que el proceso de consulta sea responsable?
-Los pueblos tenemos que consentir según el Convenio 169 de la OIT, como elemento fundamental está el consentimiento. Consideramos que el año próximo, el 2013, será el año más difícil. Nuestros hermanos no están aún preparados, seguramente van a tratar de desarticular las organizaciones.
Es necesario que los procesos de consulta sean sumamente respetuosos de la institucionalidad indígena y de los marcos legales que a nivel nacional e internacional les amparan. El Estado debe asumir en estricto sus responsabilidades ambientales, garantizando que la biodiversidad, la salud y finalmente la vida se encuentran a buen resguardo en la Amazonía peruana.
