El segundo día del paro regional de 72 horas deja un mensaje que el Gobierno Nacional debe escuchar sin interpretaciones ni excusas: Loreto está cansado de esperar. Durante años, nuestra región ha planteado los mismos problemas y ha escuchado los mismos compromisos que, una y otra vez, terminan diluyéndose en oficinas de Lima. El alto precio de los combustibles, la crisis eléctrica, la minería ilegal y la contaminación de nuestros ríos no son asuntos menores ni coyunturales. Son problemas que afectan directamente la economía, la seguridad y la calidad de vida de los loretanos.
Por eso, el Ejecutivo debe asumir su responsabilidad y dejar de administrar el conflicto a distancia. Si realmente existe voluntad de diálogo, esa voluntad debe traducirse en compromisos formales y verificables. Loreto exige una mesa de alto nivel con representantes del Gobierno que tengan capacidad real de decisión y no simples funcionarios que lleguen para escuchar, tomar nota y regresar a Lima.
No basta una reunión. No basta un acta. No basta una declaración de buenas intenciones. Lo que Loreto necesita es un documento oficial en el que el Ejecutivo precise qué medidas asumirá frente a cada una de las demandas, qué entidad será responsable de ejecutarlas, qué recursos se destinarán y cuáles serán los plazos de cumplimiento. Y esos compromisos deben tener mecanismos de seguimiento que permitan a la ciudadanía verificar, públicamente, si el Gobierno está cumpliendo o no.
No sería aceptable que, después de 72 horas de paralización, el resultado sea únicamente una nueva fotografía de funcionarios junto a dirigentes o una nueva acta que termine archivada. Loreto tiene demasiadas actas y muy pocos resultados. El diálogo no puede convertirse en una estrategia para desactivar una protesta y luego dejar que el tiempo haga desaparecer los compromisos. Si el Ejecutivo solicita confianza, debe estar dispuesto a respaldarla con hechos.
La eventual suspensión del paro, por ello, tampoco debería interpretarse como el cierre del conflicto. Suspender una medida de fuerza no significa renunciar a las demandas. Si los dirigentes deciden levantar o suspender la paralización, será porque existen compromisos concretos que permitan abrir una etapa de negociación. Y esos compromisos deben ser cumplidos independientemente de que la presión social disminuya después.
El reclamo por los combustibles requiere una respuesta seria y específica para una región cuya geografía genera costos que no pueden compararse con los de otras zonas del país. La crisis eléctrica tampoco puede seguir normalizándose. Y frente a la minería ilegal y la contaminación de los ríos, el Estado debe demostrar que proteger la Amazonía no es únicamente un discurso para los foros nacionales e internacionales. Los ríos de Loreto necesitan protección efectiva, nuestras comunidades necesitan respuestas y los recursos naturales necesitan un Estado presente.
Pero también debe quedar claro que exigir al Gobierno no significa desconocer los derechos de los demás ciudadanos. Hay miles de loretanos que viven del trabajo diario y que también sufren las consecuencias de una paralización. Su decisión de no participar debe ser respetada. Asimismo, las fuerzas del orden tienen la obligación de actuar dentro de la ley y cualquier denuncia sobre excesos o agresiones debe ser investigada. La firmeza de una protesta no se mide por la violencia, sino por la capacidad de sostener demandas legítimas y conseguir resultados.
Este viernes termina, en principio, el paro regional convocado por 72 horas. Sin embargo, el problema de fondo continuará si el Ejecutivo vuelve a responder con discursos. El Gobierno Nacional tiene ahora la palabra y, sobre todo, la responsabilidad de comprometerse.
Loreto debe exigir que cualquier acuerdo quede firmado, fechado, presupuestado cuando corresponda y sujeto a seguimiento. Que cada compromiso tenga un responsable y un plazo. Que la población pueda conocer qué se acordó y comprobar qué se está cumpliendo.
Porque esta vez no se trata de pedirle al Gobierno que prometa más. Se trata de exigirle que cumpla.
Loreto no pide favores. Exige que el Estado cumpla con su deber. Y si el Ejecutivo quiere cerrar esta jornada de protesta abriendo una verdadera etapa de diálogo, debe hacerlo con compromisos concretos sobre la mesa. Las palabras ya no alcanzan: Loreto exige documentos, fechas, responsables, recursos y resultados.
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Loreto ya no espera promesas
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