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Loreto perdió más de 476 millones de soles por corrupción e inconducta funcional

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  • Durante el año 2019 que representa el 12% del presupuesto público ejecutado en dicho departamento ese año.

Así lo reveló el estudio “Cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú” elaborado por la Contraloría General que hizo una aproximación cuantitativa a partir del perjuicio económico detectado en informes de control posterior emitidos a nivel nacional el 2019, que fue extrapolado (calculado) al universo del gasto total ejecutado por el Estado en dicho año.
En la región Loreto, la Contraloría General emitió en dicho periodo un total de 792 informes de control (2 previo, 728 simultáneo y 62 posterior, siendo con este último que se identificó la presunta responsabilidad penal, civil y administrativa de 290 funcionarios públicos).
A NIVEL NACIONAL.
De acuerdo al estudio, los sectores donde se registraron las mayores pérdidas por corrupción habrían ocurrido en los sectores de Transportes y Comunicaciones (25%), Salud (16.2%), Educación (15.6%), respecto de la ejecución presupuestal 2019 que ascendió a más de 156 mil millones de soles en todo el Perú.
“Este cálculo, producto de una extrapolación, es un punto de partida debido a que no es posible conocer exactamente las pérdidas generadas porque la corrupción no tiene un registro o contabilidad, es una actividad clandestina, por lo cual lo que se hace es dimensionarlo para conocer su magnitud y de esa manera tomar decisiones” explicó el contralor general Nelson Shack, quien presentó el citado estudio y adelantó que en el mes de octubre se realizará un mega-operativo de control en el Callao y se extenderá paulatinamente regiones mencionadas.
A fin de contribuir a solucionar este problema en la administración pública, que se concentra principalmente en la ejecución de obras públicas, el contralor general solicitó al Congreso de la República que priorice el debate respecto a las medidas para romper el triángulo colusorio existente entre los funcionarios públicos, los contratistas y los supervisores. Asimismo, señaló que se necesita una profunda reforma política y del sistema de justicia.

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