Loreto: la Región menos competitiva del Perú

• Sin utilidad práctica en el Putumayo, se cuestiona la existencia de entidades como el PEBDICP que administran millones de las arcas públicas.

Para el 2023, Loreto vuelve a ser la región menos competitiva del Perú, y una de las más pobres. Así lo informó el reconocido Instituto Peruano de Economía, a través de la publicación Índice de Competitividad Regional (INCORE) 2023.
Dicho estudio comparativo entre las 25 regiones a nivel nacional, cuya administración recae en los Gobiernos Regionales, también reveló que, por tercer año consecutivo, la citada región obtiene este último lugar.
Adicionalmente, enfatiza: “registra una de las mayores tasas de desnutrición crónica infantil y anemia, junto con los rendimientos escolares más bajos en primaria y secundaria”. Cifra que el Instituto Nacional de Estadística e Informática precisa: el 63.1% de niños loretanos entre 0 y 36 meses padece anemia, en resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar y la Encuesta Nacional de Hogares, actualizada al 2023.
De otro lado, la pobreza que empuja la deficiente competitividad de la región Loreto, se profundiza en la provincia del Putumayo. Ello, a razón de su aislamiento geográfico y la escasa presencia del Estado.
Al mismo tiempo, esta provincia es actual centro del narcotráfico y se encuentra bajo control práctico de organizaciones criminales, principalmente, de origen colombiano como son los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Lo que conlleva una amenaza grave para la seguridad y soberanía del Perú, siendo que Loreto abarca el 30% del territorio nacional, y el Putumayo, por su posición fronteriza, es geografía vulnerable que facilita el accionar delictivo.

PEBDICP: Sin utilidad práctica en el Putumayo
En este tópico conviene llamar la atención sobre un hecho que afecta gravemente el desarrollo de la cuenca del Putumayo; esto es, la existencia de un organismo público que consume grandes cantidades de dinero público, y cuya inutilidad práctica es clamorosa.
Por más de dos décadas que lleva de creado con el objetivo de promover el desarrollo fronterizo, no se percibe resultado alguno del Proyecto Especial Binacional Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo – PEBDIC. Así lo ha referido el propio alcalde de la Municipalidad Provincial del Putumayo, César Ulises Campos Asenjo, llevando la voz de la población en una entrevista de fecha reciente.
La autoridad edil también ha invocado que los recursos asignados a esta entidad sean transferidos a la Municipalidad Provincial donde tendrán una efectiva utilidad en bien de las comunidades.
Lo indicado tiene un sustento contundente con el Informe del INCORE que da cuenta de la deficiente competitividad de Loreto. A saber, el PEBDICP tiene por misión “promover el desarrollo del mercado transfronterizo a través de mecanismos y acciones tanto económicas como sociales”, más su posición en el último de este ranking demuestra el nulo impacto social de su “quehacer”.
Con cargo a un futuro informe de la inutilidad práctica del señalado organismo que consume millones de soles a las arcas del Estado, desarrollaremos con amplitud esta información.

Falta de infraestructura vial y débil presencia del Estado
Los esfuerzos del Estado para intervenir con políticas de desarrollo y garantizar el acceso de la población a los servicios públicos enfrenta dos barreras centrales en Loreto: la falta de conectividad terrestre y la negligencia de las mismas entidades públicas en cuyo quehacer está aportar al desarrollo social.
Con ello, la región se ha convertido en el único departamento del Perú donde un viaje interprovincial tarda más de 20 días. Se trata de la ruta Napo – Putumayo.
No obstante, la imperiosa necesidad del desplazamiento de bienes y personas en esta región conlleva a optar por la ruta fluvial, pese a sus enormes desventajas: los muchos días de viaje, y la inseguridad por la falta de control de personal policial y militar en una vasta área de 3,500 kilómetros de cuenca hidrográfica (sólo de la frontera).
Por otro lado, la vía aérea es una alternativa poco accesible para el ciudadano de a pie. Si bien el viaje toma unas horas, su costo es bastante oneroso. Al mismo tiempo, es ocasional y con restricciones para el traslado de carga, dificultando la comercialización de productos.
Ello ha ido en desmedro del sector agropecuario, el cual se limita a una producción a pequeña escala para autoconsumo y/o de venta local. Al mismo tiempo, son pocos los emprendimientos que desarrollan una manufactura básica. Lo que revela el atraso del sector económico productivo, y la consecuente pobreza en la población.
Igualmente, la falta de infraestructura vial terrestre obstaculiza que los servicios del Estado, como la educación, salud y seguridad puedan llegar a todas las comunidades de Loreto. En consecuencia, estos vacíos de servicios públicos, ocasionan que las bandas criminales puedan operar a sus anchas en zonas inaccesibles para el Estado. A esto se suma y reiterando, el tráfico ilícito de drogas que trae consigo otros delitos, como la minería ilegal, la trata de personas, y el lavado de activos.
Por tanto, se urge priorizar las obras de infraestructura vial. Una de ellas es la vía Napo – Putumayo, que sólo requiere la construcción de 13 kilómetros de tramo, teniendo concluidos 56 de 69 kilómetros de trocha carrozable. Su ejecución es factible en el corto plazo y de menor costo a la vía Iquitos – Putumayo, de 4 tramos y 181 kilómetros.
Consecuencia indeseada es también la percepción de abandono por parte de la población, lo que propicia un sentido identitario hacia países como Colombia y Brasil, afectando la soberanía del Perú y la seguridad geopolítica. Adicionalmente, estas naciones ofrecen mayor accesibilidad y mejores condiciones en sus servicios básicos, lo que motiva a la población a acceder a estos, incluyendo el factor de cercanía.
Al respecto, es importante reconocer estas variables que caracterizan la realidad regional, y haber identificado el nivel de competitividad actual, que darán luces sobre la mejor toma de decisiones por los distintos niveles de gobierno, quienes tienen en su responsabilidad la correcta administración de los recursos y la ejecución de acciones y obras que tengan un impacto social tangible.