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«Las consultas serán después de la licitación»c

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-Ismael Vega Díaz, investigador del CAAAP.

-Es una posibilidad que precisa en uno de sus artículos el Reglamento de la Ley de Consulta Previa.

-«Esto creo no pueda cambiarse ya, tiene que darse el escenario político, mientras es importante la participación activa de los pueblos indígenas en el proceso del Lote 192 o Lote 1 A».

-Se realizará conversatorio «El Derecho a la Consulta y los Desafíos de los Pueblos…»

Ismael Vega Díaz, investigador del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica -CAAAP,  de Iquitos.
Ismael Vega Díaz, investigador del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica -CAAAP, de Iquitos.

Hoy a partir de las 6 y 30 de la tarde, en el auditorio de Irapay, ubicado en las calles Próspero con Ricardo Palma, se realizará el conversatorio «El Derecho a la Consulta y los Desafíos de los Pueblos Indígenas Amazónicos», dirigido al público en general interesados en el tema.

Esta reunión es organizada por el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica -CAAAP y la organización Amnistía Internacional -AI, de la sede de nuestro país, teniendo como expositor al investigador Ismael Vega Díaz.

«El objetivo de este evento es reflexionar, analizar y tratar de comprender cómo se viene desarrollando el proceso de consulta concretamente en Loreto y en especial sobre los conflictos socio ambientales, dado que el Gobierno ha anunciado que el primer proceso de consulta se va realizar acá, nada menos que en el Lote 1 A,  llamado ahora Lote 192.

Entonces nos parece importante que podamos analizar, discutir, debatir y reflexionar sobre las implicancias y repercusiones que tendrá este proceso de consulta, pero también nos interesa reflexionar sobre las formas de vida que tienen los pueblos indígenas y sus organizaciones, para hacer respetar este derecho tan importante como es el derecho a la consulta», dijo Isamel Vega.

Sobre el hecho que se viene manejando de que la consulta previa sería después de la entrega de lotes comentó que, «sí, efectivamente esta preocupación de las organizaciones indígenas es totalmente válida, porque las consultas se van a hacer después de haberse otorgado la licitación, es decir después de haber elegido a la empresa que se haría cargo de la actividad extractiva en un lote determinado, en este caso en el Lote 192.

Esto es algo que perturba y enturbia un poco el proceso de consulta porque en realidad la consulta debería hacerse antes de otorgar cualquier derecho. No hay un argumento objetivo, legal, por lo menos no conozco, y de lo que he podido averiguar, creo que el Gobierno quiere crear un clima favorable, entre comillas, para que las empresas que quieran invertir no se desanimen.

Esto no favorece un clima óptimo para que se inicie un proceso de consulta, por eso muchas instituciones, entre las cuales está el CAAAP, han pedido al Gobierno en su momento que modifique y mejore algunos artículos del Reglamento de la Ley de Consulta, uno de los cuales precisamente da esta posibilidad, que las consultas se pueden hacer después de haber otorgado una licitación.

Esto está en el Reglamento, no en la Ley. Esto creo no pueda cambiarse ya, tiene que darse el escenario político, mientras es importante que este proceso que ya se ha anunciado del Lote 192 se haga con una participación activa de los pueblos indígenas.

Ahora, si las organizaciones no llegan a un acuerdo y rechazan la presencia de las industrias extractivas, el Gobierno tendrá que saber entender esa decisión y si no lo hace, las organizaciones tienen la posibilidad de recurrir a instancias superiores a nivel nacional o internacional como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Si las comunidades y organizaciones indígenas aceptan que las empresas trabajen en estas zonas, ahí lo más importante será ponerse de acuerdo de modo transparente, cuáles van a ser los compromisos que adopte el Estado, lo que adopte la Empresa y los beneficios que van a tener las comunidades, para que no se caiga nuevamente en incumplimientos que no solo traen desencanto, sino una protesta legítima de las organizaciones. Deben establecerse los mecanismos para que estos acuerdos se cumplan de la mejor manera. (DL)

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