Por: Dr. Edhín Campos Barranzuela
Si tendríamos que enumerar los problemas más álgidos que tiene el Perú, no dudaríamos en considerar la grave pandemia de la covid-19, la falta de empleo, la crisis económica y la incesante ola delictiva que se ha diseminado a lo largo y ancho de todo el territorio patrio.
Es que a decir verdad, poca atención se le viene dando a este grave problema, que ya debería reportarse como un problema de estado, porque las cifras de los diferentes delitos, sobre todo contra el patrimonio ya se encuentran al rojo vivo.
Si ya como peruanos, hemos tenido una curva en ascenso en la inseguridad ciudadana, ahora se reporta la delincuencia de la migración extranjera, que según algunos entendidos es más letal y fría para atentar contra el patrimonio, la vida, el cuerpo y la salud de su próxima víctima.
No cabe duda, que cualquiera de nosotros puede ser sujeto pasivo de la comisión de estos delitos, solo puede ser factor de mala suerte y encontrarse en la hora, día y lugar equivocado, pues pese a los esfuerzos de los gobiernos locales que se han preocupado por la inseguridad ciudadana al tener todos ellos su personal de serenazgo, poco o nada ha disminuido la incesante ola delictiva.
Según ha dado a conocer César Ortiz Anderson – Presidente de Aprosec, uno de los principales problemas que tenemos en el país, indudablemente es la inseguridad ciudadana, pues la delincuencia ha llegado a tocar fondo y al mes ocurren un promedio de 36,000 delitos y de acuerdo a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Policía Nacional, cerca de 50 personas son víctimas de la comisión de un delito cada minuto.
Eso significa que en cada sesenta segundos, se estaría produciendo un hecho punible en el país, lo cual es altamente tóxico.
Arrebatos y raqueteros al paso, robo de celulares, carteristas, robo de autopartes, asaltos en las viviendas y centros comerciales y atracos, en suma delitos contra el patrimonio en sus diversas modalidades.
Amén, de ello hay que agregarle los delitos de violencia contra las mujeres, feminicidio, violación sexual, extorsión, sicariato, usurpación de tierras, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, homicidios, lesiones graves, minería ilegal, tala ilegal de árboles, omisión a la asistencia familiar, entre otros diarios delitos.
Según, se reporta, la delincuencia crece de manera alarmante y nada parece detenerla y pese al esfuerzo que hacen algunas autoridades, el problema se incrementa, pues según se ha dado cuenta, solo el año pasado, se reportaron en todo el territorio patrio un total de 422,010 denuncias en las comisarías por la comisión de diversos delitos.
Cada día, tenemos una delincuencia más avezada, que no solamente está deliberando en apropiarse de la cartera, celular o tarjetas de crédito, sino encontramos a delincuentes que realizan una planificación del evento delictivo y tienen además una visión estratégica de su próxima víctima, al realizar un reglaje, marcaje e inteligencia de sus movimientos, de sus preferencias, de sus compras y de sus familiares y amigos, con la finalidad de extorsionarlos y así obtener mejores “ ganancias “.
Dentro de este contexto y aunque parezca paradójico, los principales candidatos a la Presidencia de la República, a los Gobiernos Regionales y Locales, su principal tema de campaña, no fue el incremento del empleo o la productividad, o el reordenamiento del tránsito vehicular o la solución al tema ambulatorio, el principal problema de campaña, fue precisamente la inseguridad ciudadana.
Sin embargo, al cabo de algún tiempo de gobierno poco o nada se ha hecho, toda vez, que la lucha contra la delincuencia, aún no encuentra la fórmula para disminuirla, controlarla, acusarla y sancionarla ejemplarmente y sobre todo no existe un trabajo articulado en los tres niveles de gobierno y con los otros poderes del Estado.
Falta liderazgo de las autoridades que tienen que trabajar para disminuir y controlar la delincuencia en el Perú, que ciertamente es un mal endémico y que hay que combatir, también se le debe dotar de recursos presupuestarios, logísticos, informáticos y legales a las entidades que tiene que ver con prevención, investigación, juzgamiento y sanción de la delincuencia ordinaria.
Para poder combatir este flagelo, tenemos que emplear la tecnología de punta y una de esas alternativas, sería poner en funcionamiento a nivel nacional el Botón de Pánico, instalado por el Poder Judicial en diferentes distritos judiciales, que permite que con un solo clip en el celular de la víctima que se encuentra en circunstancias de peligro, a causa de la comisión de cualquier delito, pueda ser inmediatamente auxiliada, por el Serenazgo y la Policía Nacional del sector.
Urge replantear políticas de Estado, para controlar la grave situación que estamos viviendo y se debe prevenir, investigar, juzgar y sancionar con todo el peso de la ley, contra aquellas personas que cometen delitos graves y que atentan contra la propia seguridad ciudadana.
Se tiene que articular desde las más altas cumbres del poder, con los sectores públicos y privados para dicho propósito, pues todos estamos comprometidos para luchar contra este grave flagelo y para ello también urge replantear políticas de Estado de igualdad de oportunidades y fomentar una verdadera política cultural, educativa, deportiva para nuestros jóvenes.
