- Gobernador y alcaldes deben estar firmes ante olvido centralista
- Es momento de exigir cumplimiento de obligaciones del gobierno nacional
El día de hoy se llevará a cabo una importante convocatoria hecha por el gobernador de Loreto, Elisbán Ochoa Sosa, a los 53 alcaldes de la región Loreto. En ella se tratarán diversos temas vinculados al desarrollo de los pueblos al interior de la región. Un tema central a abordarse en esta reunión será el uso adecuado de los fondos de la Ley N° 30879, más conocida como la Ley Del Águila.
Al respecto, el congresista Juan Carlos Del Águila, impulsor de esta norma legal que propone la inversión y el desarrollo específicamente en el departamento de Loreto, dijo que la Ley no solo supone un cuantioso flujo de inversión para inversión local y regional, sino -y sobre todo- reafirma el compromiso del gobierno nacional del cumplimiento efectivo de la Ley de la Amazonía.
“Más allá de la histórica suma de los 10 mil millones de soles acumulados hasta el 2049, los que bien pueden hacerse efectivos en los próximos 4 años (si es que los alcaldes y el gobernador cuentan con proyectos viables), más allá de eso, digo, que de por sí ya es extraordinario en flujo de inversión para infraestructura y desarrollo, hay obligaciones contenidas en la Ley que deben merecer la atención de nuestra autoridad regional, así como de los alcaldes”, dijo Del Águila.
“Que un congresista logre ese flujo de inversión tan cuantioso, ya es importante; sin embargo, para mí eso no lo es todo”, comentó el parlamentario loretano. “La otra parte, es decir, lo que está contenido en la disposiciones complementarias finales, Primera y Segunda, son obligaciones que incorporé en mi proyecto de Ley, y que al haberlas promulgado, han sido ratificadas como Ley por el propio presidente Vizcarra, y se refiere a obras y acciones que corresponden hacer al gobierno central”. “Fíjese que hasta el último momento, y cuando el proyecto de Ley estaba a punto de aprobarse en el Congreso, recibí una llamada del MEF, donde me solicitaban, a nombre del ministro, que retirara esas dos disposiciones finales, las cuales –obviamente- no acepté”, señaló el congresista.
¿Qué de importante contienen las disposiciones complementarias de la Ley que usted promovió?
En principio, vale recordar que la Ley de la Amazonía se promulgó en el año 1998, y los diferentes gobiernos sucesivos lo ignoraron en puntos claves para nuestro desarrollo. Justamente, en estas disposiciones finales de la Ley que promoví, logré incluir que los art. 6, 7, 20, y las disposiciones Octava y Novena de la Ley de la Amazonía, sean de cumplimiento efectivo del gobierno nacional; es decir, ahora tanto el gobernador regional, los alcaldes, y los congresistas por Loreto y la Amazonía, tenemos una herramienta de negociación muy potente para recordarle al presidente Vizcarra a que cumpla con –por ejemplo- crear el Comité Ejecutivo de Promoción de la inversión Privada en la Amazonía, así como el Fondo de Promoción de la Inversión-FOPRIA, con sus 100 millones de habilitación por parte del MEF; o a sectores claves como Agricultura, Energía, Educación, Salud, Transportes, Vivienda, entre otros, destinen no menos del 10% de su asignación presupuestal anual para gastos de capital en el territorio amazónico.
La Ley de la Amazonía contempla operaciones de endeudamiento externo en favor de nuestras regiones ¿Eso también es parte de la Ley Del Águila, que usted promovió?
Esa es una obligación contenida en la Ley 27037, que luego de 25 años no se cumplió. Con la Ley que promoví, la Ley N° 30879, el propio presidente Vizcarra se comprometió a priorizar el endeudamiento externo a través del MEF para financiar proyectos de inversión por un monto no menor de 150 millones de dólares, cada año. Imagínese lo que esto puede significar: esta obligación, que no se cumplió en los 25 años de vigencia de la Ley, le ha generado al ejecutivo una “deuda con la Amazonía” de 3,750 millones de dólares que el gobierno nacional –cualquiera que fuere- le debe a nuestras poblaciones. Si a esa cifra, le sumamos el 10% del presupuesto anual de cada uno de los sectores que le he mencionado, estamos hablando de cifras realmente exorbitantes pero realizables, factibles de honrar a los pueblos amazónicos si es que hubiese compromiso político del gobernante de turno.
“Pero lo que es más -agregó el parlamentario- en lo que ustedes conocen ahora como la Ley Del Águila, hice asumir al poder ejecutivo otras obligaciones de cumplimiento, como por ejemplo, invertir en la construcción de la Carretera que nos conecte a la Costa (Iquitos-Saramiriza); en la construcción del Terminal Portuario de Iquitos, en la Interconexión Eléctrica al sistema Nacional, o su equivalente, y en la ejecución total de la obra carretera hasta Mazán, y de ahí hasta el Estrecho, en la frontera del Putumayo ¿Algún congresista de Loreto puede mostrar tamaños logros? Ese es el reto a futuro para quienes me sucedan en el Parlamento.
“El cumplimiento de esas obligaciones, no solo debe ser voluntad del poder ejecutivo, también dependerá de nosotros, de las autoridades que estamos en vigencia. Mi propósito es despertar conciencia en cada una de los nuevos alcaldes, y del propio gobernador regional. Si nosotros lográsemos el compromiso político real de defender nuestros derechos y de hacernos respetar, el futuro de Loreto, y de toda la Amazonía, será mucho más próspero que el que hoy se avecina”, finalizó el congresista Juan Carlos Del Águila.
