- Puntualiza el fiscal Erick Rodríguez Rodríguez, en el marco del archivamiento de un caso que dio que hablar en la provincia de Ramón Castilla.
Con lo que justifica la falta de profundidad en su labor como representante del ministerio público. Por lo que quienes impulsaron la denuncia, se sienten desencantados en la búsqueda de justicia.
Los denunciados fueron: Tito Rengifo Flores, Kevin Terrones Oriundo, Pablo Schelamaus Vásquez. La denuncia fue interpuesta por Adilia Jaramillo Tamani. Quien hizo un resumen de los presuntos delitos observados; indicó que la ex directora de la Ugel/Ramón Castilla, Helga Dávila Lozano, emitió la Resolución de sanción con suspensión de 3 meses sin goce de haberes, contra Kevin David Terrones, la que vencía a fines del mes de abril del año 2025.
Sin embargo, la directora fue cesada, asumiendo el cargo Tito Rengifo Flores, quién por amistad y afinidad con Kevin Terrones, eliminó la sanción administrativa, reponiendo en su cargo de docente en la localidad de Pebas al mencionado, desde febrero de 2025.
¿Por qué Helga Dávila, suspendió a Kevin Terrones, cuando estuvo como directora de la Ugel/Ramón Castilla? Le instauraron proceso administrativo disciplinario como docente contratado en el CEBA Eleonario Macdonald-Pebas, por presunto incumplimiento de deberes y obligaciones, ejecutar actos de violencia física, por lo que el 16 de diciembre recomendó imponer la sanción de cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones por 3 meses a Kevin Terrones, por falta grave en su actuación como docente, contando con el informe de la comisión de procesos administrativos disciplinarios.
Comisión que luego acepta el recurso de reconsideración interpuesto por Kevin Terrones, quien pedía revocar la decisión de la directora de la Ugel, reformándola por absolución. Luego absolvieron la imputación, disponiendo el archivo definitivo del proceso, decisión firmada por el nuevo director de la UGEL Tito Rengifo Flores.
“No existe una decisión unilateral por parte de Tito Rengifo, en calidad de director de la Ugel, lo que desvirtúa lo mencionado en la denuncia al referirse que había eliminado su sanción, sino que ésta se dio en razón al informe realizado por la comisión permanente de procesos administrativos disciplinarios, de tal manera al quedar absuelto de los cargos imputados en su contra, no encontrando vigente sanción contra Kevin Terrones, quedó apto para ser contratado para el periodo 2025”, dice el fiscal, agregando que los fundamentos que dieron lugar a la investigación no eran justiciables penalmente.
También puntualiza que no existe algún acto indebido en provecho de tercero conforme lo establecido. Pero en ninguna parte de su investigación simple, se observa haber analizado la falta grave, porque ese es el objetivo del ministerio público; ir más allá de lo que desarrollan las comisiones de procesos disciplinarios.
En cuanto a la denuncia de contratos hechos a personal sin el perfil correspondiente, el fiscal señala que una denuncia carente de datos objetivos (nombres de beneficiarios, fechas de pagos o montos específicos), “se mantiene en el plano de la sospecha inicial simple, la cual es insuficiente para continuar con el proceso, pues la investigación preparatoria no puede ser una “expedición de pesca” (fishing expedition) en busca de delitos no delimitados.
En el presente caso, al no ser el imputado Tito Rengifo (director de Ugel) parte de dicho comité de contratación de docentes 2025 y al no haber evidencia de que haya impartido órdenes para favorecer a personas “sin perfil”, la imputación se desvanece por atipicidad objetiva, ya que no se ha acreditado que el investigado haya tenido el dominio del acto administrativo de selección, más allá de la firma protocolar de aprobación”, suscribe el fiscal.
Pero lo cuestionable de toda la resolución, para los denunciantes que vienen preparando una apelación ante la fiscalía superior de Loreto, es el siguiente fundamento. “Con relación al hecho de contratación de familiares de funcionarios (hijos de investigados Marín Pinedo y Ahuanari), la imputación contra Pablo Schelamauss, carece de sustento fáctico y jurídico. La fiscalía no ha logrado establecer un nexo causal entre el cargo del jefe de recursos humanos y un acto concreto de favorecimiento.
En ese sentido, si los postulantes se sometieron a un proceso de selección a cargo de un comité autónomo y cumplieron con los requisitos del perfil de puesto, el visado del investigado Schelamauss Vásquez, en las resoluciones de contrato constituye un acto de gestión regular. La existencia de vínculos de parentesco entre terceros, no genera automáticamente una responsabilidad penal por “omisión de control” en su contra, máxime si no se ha acreditado que el investigado haya ejercido presión, influencia o alterado el orden de mérito para beneficiar a dichas personas”.
¿Qué les parece? Es como si el fiscal Rodríguez, no hubiera querido profundizar en los hechos expuestos por la denunciante y otros pobladores de la jurisdicción. Por lo que finalmente, terminó disponiendo no formalizar, ni continuar con la investigación preparatoria de la denuncia contra Tito Rengifo, Kevin Terrones y Pablo Schelamauss, por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio de la UGEL Ramón Castilla, ordenando el archivo.
Una muestra de lo que suele pasar al interior de las UGEL de la región Loreto, qué para muchos, son el botín de los funcionarios de turno, cuando deberían ser el pilar granítico de la educación a fin de sacar a Loreto del penúltimo o último lugar en el que se encuentra a nivel nacional.
(Luz Marina Herrera Lama).
