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Juzgados de flagrancia son una respuesta firme y eficaz contra la delincuencia común

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  • Afirmó presidente del Poder Judicial, doctor Víctor Ticona Postigojuzgados de flagrancia

El presidente del Poder Judicial, doctor Víctor Ticona Postigo, expresó que el Decreto Legislativo 1194 que modifica el proceso inmediato regulado en el Código Procesal Penal,  en caso de flagrancia, constituye una respuesta firme y eficaz contra la delincuencia común que agobia al país.
Mencionó que estos órganos jurisdiccionales permitirán resolver procesos en brevísimos plazos, en comparación con los procedimientos ordinarios que tardan entre ocho a 12 meses, por lo que además contribuirá a reducir de manera drástica la carga procesal.
La autoridad judicial refirió que los Juzgados de Flagrancia, implementados por el Poder Judicial desde el 1 de agosto en Tumbes, como plan piloto, están permitiendo atender con éxito este problema en beneficio de los justiciables, al punto que en breve lapso se  dictó dos sentencias con terminación anticipada, dos con el principio de oportunidad y  tres se derivó a juicio oral.
Los cuatro primeros casos, anotó, han sido resueltos en menos de 24 horas de que el inculpado fue puesto a disposición de la justicia. “Los procesos derivados a juicio oral, serán atendidos en menos de 10 días”, indicó.
El doctor Ticona Postigo saludó la emisión del DL 1194 que, dijo, oficializa los Juzgados de Flagrancia instalados por el Poder Judicial en el citado distrito judicial del norte del país.
Dijo que esta experiencia permite advertir que es preciso contar con plazos razonables para su cabal aplicación, que implica la capacitación de los operadores de justicia e implementación de las unidades correspondientes, así como con un presupuesto adecuado que asegure contar con los recursos humanos, materiales y tecnológicos que eviten que los casos de flagrancia se vean frustrados.
En este contexto, la autoridad judicial exhortó a la ciudadanía a confiar en la actuación de los organismos del sistema de justicia, dado que la “justicia por propias manos” vulnera el estado de Derecho y las normas constitucionales y legales. “El Poder Judicial tiene el compromiso de garantizar un proceso justo, imparcial y célere a todos los ciudadanos, cualquiera fuera su condición”, enfatizó. ( W.GIL)

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