- Pese a férrea oposición de los fiscales y procuraduría.
- Dos días de audiencias donde no llegó a conocerse resultado de pedido de prisión preventiva para 16 personas.
- Quienes desviaron dinero de la Ugel/Datem del Marañón a sus cuentas bancarias personales.
Tal como estaba previsto, el pasado 22 y 23 de agosto se desarrollaron audiencias a fin de concluir si es que el juez de Datem del Marañón aceptaba la solicitud del fiscal anticorrupción Paul Peralta Chota, de 18 meses de prisión preventiva para 16 personas que laboraron en la mencionada UGEL.
Desde el inicio se vio la intencionalidad de varios abogados al querer frustrar la audiencia, señalando que para algunos acusados faltaban abogados. No lo lograron el primer día por lo que continuó la audiencia, continuando el 23 de agosto. Asistieron 9 abogados quienes en mayoría se la pasaron buscando estrategias grotescas para frustrar la audiencia, lo lograron el 23 de agosto.
Por lo que el juez tuvo que reprogramar hasta el próximo 17 de octubre. Se conoce que incluso los abogados, que lo único que hacen es alargar la agonía de sus patrocinados; interpusieron hasta un Hábeas Corpus contra el juez.
Los juzgarán por: “Pagos por bonificaciones, racionamiento, descuentos judiciales y otros, realizados mediante transferencias a las cuentas bancarias de personal docente y administrativo”.
Cabe recordar que como resultado de la evaluación en auditoría de Contraloría de la República, se constató la carencia de un adecuado archivo general y capacitación de personal responsable del resguardo y manejo del acervo documentario.
“Ocasiona que se improvise ambientes inadecuados sin un sistema de traslado, registro y control de la documentación relacionada a los pagos efectuados por bonificaciones, descuentos judiciales, racionamiento y otros, generando el riesgo de pérdida documentaria, afectación de su integridad física o inadecuada disposición y archivo de los mismos”.
-Funcionarios y servidores de la entidad realizaron pagos por beneficios que no correspondían a su favor y de terceros, bajo los conceptos de descuentos judiciales, racionamiento, bonificación y otros, al margen de la normativa legal vigente, ocasionó perjuicio económico por el importe de 4 millones 780 mil 932 soles.
Por lo que la presente auditoría 2019 concluyó que los desembolsos efectuados al margen de la normativa, tampoco contaron con sustento técnico legal y fueron realizados a través de planillas adicionales generadas directamente en el sistema integrado de administración financiera SIAF, de la mencionada UGEL/DM.
“Consignando el mismo número de comprobante de pago que corresponde a los trámites regulares por concepto de descuentos judiciales, bonificaciones etc. y que automática lo asigna al Siaf, difiriendo en el número de expediente de pago y carta de orden electrónica; además, se tiene que estas operaciones al margen de la normativa afectaron directamente al presupuesto regular que tiene la entidad para dichos conceptos”.
Agregando que los hechos expuestos fueron generados por el accionar de los funcionarios y servidores con poder de decisión y participación en el mencionado procedimiento; permitiendo desembolsos, recursos financieros y presupuestales al margen de la normativa legal vigente, sin sustento técnico legal y de manera directa mediante transferencias a cuentas bancarias propias y de terceros, servidores públicos que laboraban en la UGEL Datem del Marañón, que hoy en día su libertad pende de un hilo.
