Iquitos: Ciudad amenazada

Hace algo más de dos años,  todo presagiaba que el Perú en general podría desde el instante de la aprobación de otorgar facultades al gobierno, sentir la seguridad que tanto deseamos, dados los continuos asaltos, robos al escape asesinatos que vienen siendo cosa cotidiana y sin embargo; en su momento,  incluyendo al ejecutivo,  la ciudadanía recibió  asombrada  la negativa de los grupos opositores que se habían comprometido a conceder tales facultades, previa aprobación de la formación de una comisión mixta, formada con legisladores de todas las bancadas; pero el consenso no se dio por parte de la oposición,  creando el consiguiente malestar en las filas oficiales y el país en general.

Al margen de la decisión  opositora y la frustración oficialista, cabe aquí que desarrollemos, nosotros como ciudadanos, hipótesis y sugerencias que permitan discernir hasta dónde era positiva y hasta dónde no, la intención gubernamental de legislar contra la delincuencia organizada y el crimen, en sus diversas modalidades bajo nuevas  formas de sanción.

Dialogando  sobre  el tema, debemos decir que  el periodismo más que  ninguna  pública institución, es el estrato, después del policial,  donde se depositan todas las inquietudes y temores de las poblaciones que sienten en carne propia el desamparo a su seguridad  personal, como efecto de las leyes vigentes que más parecen hechas para proteger al delincuente y gravar al ciudadano.

A la fórmula presentada por el gobierno en materia de combate a la delincuencia, sintió una aprobación tácita en  la mayoría de círculos ciudadanos, y eso parece que despertó ciertas reservas de la oposición, que, no lo dudamos, ante el temor de un posible repunte de aprobación a favor del gobierno, lo que hizo que retiraran su apoyo inicial, dando el triste espectáculo de un reacción hepática que daña la credibilidad que pudiera otorgárseles en futuros actos de gobierno.

Pero al margen de las consecuencias de tal decisión, hasta ahora queda por aclarar cuál es la alternativa que sobre seguridad ciudadana pondrá en práctica la oposición, pues en Iquitos más que en ninguna población peruana, se viene sufriendo tanta agresión delictiva, la misma que tiene atemorizada a una población que se pregunta ¿Por qué  la oposición se opuso a una solución ya definida?

La ola delincuencial tiende a crecer porque tiene una alternativa que la protege de los alcances de la ley, pues permite amparar a los delincuentes de menor cuantía, que con la legislación actual, pueden cometer sus tropelías, a sabiendas que sólo le espera una reprimenda;  y nuevamente a las calles a seguir atracando a los componentes de una población que en el momento menos pensado, podría reaccionar y poner en práctica la ley de Talión con el consiguiente deterioro del respeto y cumplimiento de las leyes de la República. ¡Ojalá no lleguemos a tales extremos por culpa de una oposición analfabeta en seguridad ciudadana».

2 comentarios en “Iquitos: Ciudad amenazada

  1. La policía debiera realizar una investigación interna para descubrir a aquellos complices de los secuestra motos, que son muchachos sin oficio ni beneficio que se dedican a despilfarrar en fiestas y borracheras el dinero que «cobran» por el rescate de las motos «secuestradas»… lo digo porque fui victima de una de esas bandas y realmente como ciudadana les digo que NO CONFIO EN LA PNP porque ellos tambien cobran rescate cuando encuentran una moto (a mi me lo pidieron)… en fin, hasta cuando viviremos en esta inseguridad… Las autoridades tienen la ultima palabra y nosotros, los desprotegidos ciudadanos, a colocar candados a nuestras respectivas unidades moviles (al menos van a sufrir para intentar llevarselas) y mucho ojito cuando las dejemos en la calle.

  2. Concuerdo con el comentario anterior, la policía esta metido en este tema de la delincuencia, a mi me robaron y cuando fui a poner mi denuncia, prácticamente me me mandaron a mi casa, no quisieron hacerlo.
    Otra cosa, sugiero batidas para los talleres de motos, los compradores son ellos, tienen que investigar a los que también compran las motos robadas, y que hay con las autoridades de transporte que no hacen los controles de las placas?

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