Hace falta un sinceramiento respecto a las asignaciones presupuestarias en todo el aparato Estatal del país. Somos una mega familia peruana, se podría decir, donde la caja de dinero del papá Estado no alcanza para satisfacer las necesidades y exigencias de los millones de hijos e hijas.
Estos reclamos hacen que muchas veces se tengan que hacer “malabares” a los presupuestos para que haya el dinero y se pueda atender. En otras palabras, un presupuesto designado para tal acción, termina usándose para otra acción, y así se calma la presión social.
En estos reacomodos, muchas veces también, profesionales que se desempeñan en la administración pública, por no perder el empleo aceptan realizarlo y después vienen las consecuencias, cuando una auditoría encuentra que se ha hecho este mal uso, por lo ya explicado.
Y lo que generalmente pasa con estos funcionarios, es que son sometidos a procesos administrativos y penales, donde el titular de la entidad puede quedar sin la mayor responsabilidad, a pesar que la decisión política y no técnica, salió por su orden, aunque en fueros judiciales lo niegan.
Esto lo decimos a razón de que la Contraloría General de la República, esta semana en conferencia de prensa en Iquitos informó que 169 funcionarios de todo Loreto, están involucrados en irregularidades, lo que ha comprometido cerca de 30 millones de soles en perjuicio de la región.
Es un buen trabajo, sin duda, pero, en todas las acciones de lucha contra la corrupción e inconductas funcionales debe primar también la forma de recuperar lo perdido en cada una de las instituciones. Esa es una parte del tema. La otra parte es que si tienes a funcionarios que adviertes lo que están haciendo y no corrigen, deben ser inhabilitados de por vida, es decir una forma de “muerte civil”.
Es que ya la contraloría parece burlada. Tanto esfuerzo en las investigaciones, ¿para qué?, solo para decir esto descubrimos. Bueno, la Contraloría tiene potestad a partir de julio del 2021, para sancionar a los funcionarios que hayan cometido irregularidades a partir de esa fecha. Veremos qué pasa más adelante.
Pero, cuando decimos sincerar los presupuestos, es también alertar que por error las gestiones de turno tocan dinero que no corresponde, para calmar exigencias económicas sociales que se basan en beneficios decretados por los gobiernos de turno, pero no asignan el presupuesto. Es momento de hablar con las cifras en la mano y no, que por “gestos políticos” se inestabilice las instituciones.
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