Desde que las compañías petroleras ocuparon toda la mano de obra existente en la campiña y las zonas de producción de especies alimentarias de la región, provocando un brutal desabastecimiento de productos propios de la dieta regional, Iquitos se volvió una ciudad sumamente vulnerable a la rapiña de los traficantes de tierras, que impunemente, desde que se acabó el trabajo petrolero en su etapa primaria, se dedicaron a concienciar a los servidores dados de baja, a quedarse en la ciudad mediante el acto más repugnante del mundo, robar a quienes eran poseedores legales de sus tierras, invadiendo sus tenencias al amparo de un gobierno dictatorial que despreciaba la legalidad del patrimonio de varas familias usando el poder del que estaba investido el famoso SINAMOS. Pero eso es otra historia.
El caso es que mediante el sistema de invasiones, poco a poco la ciudad quedó encerrada en un cordón primero, de casuchas precariamente levantadas y, luego, en muchos casos de elegantes mansiones levantadas por potentados que compraron a precio de miseria a los presuntos necesitados de tierra para vivir, pero que en realidad eran aprovechadores de una ventaja que el gobierno quiso brindarles para vivir decentemente.
Fue tanto el abuso que prácticamente se institucionalizó, por lo que al instaurarse nuevamente el gobierno constitucional del arquitecto Belaúnde, se aprobó la ley que prohíbe y pena las invasiones so pena de cárcel y multa económica.
Pero increíblemente desde que se dio la ley en 1985, las invasiones bajo la tutela de autoridades políticas de todo pelaje, han seguido siendo problemas para muchos ciudadanos que trabajaron para adquirir un terreno en procura de desarrollar alguna actividad productiva, pero al ser invadidos, pierden todo sin que nadie los indemnice por el perjuicio sufrido.
Ahora si tenemos en cuenta el argumento de los invasores para desarrollar su abusivo comportamiento, tendríamos que dar facultades a todo ciudadano que nazca en el Perú para que invadan la tierra que desean, pues los que invadieron ahora con hijos en edad adulta, invaden para que sus hijos, a los cuales llaman agregados, también tengan su terreno aunque no sea de ellos, para construir su vivienda.
Como se podrá apreciar, la ley contra las invasiones nació muerta aquí y en todo el país lo que refleja el triste comportamiento de las autoridades tanto políticas como judiciales, las primeras por amparar a los ladrones de tierras y a los segundos por no aplicar las sanciones que la ley señala para quienes usurpan una propiedad ajena.
