– En el río Napo, Marina de Guerra, Fiscalía Ambiental, Capitanía de Puerto de Iquitos y Policía Ecológica
– Extraían oro ilegalmente
Entre los días 06 y 07 de febrero, personal de la Marina de Guerra del Perú, el fiscal especializado en materia ambiental doctor Jhonny Ríos Arce, y personal de la Policía Ecológica en la jurisdicción del distrito de Mazán en el río Napo, intervinieron a dos dragas artesanales dedicadas a la extracción de oro de manera ilegal
La intervención estuvo bajo la supervisión del representante del Ministerio Público, ambas dragas de tipo artesanal se encontraban equipadas con motores y cajas de fuerza que mediante el uso de fajas accionaban una bomba de succión para la remoción de material aluvial y sedimentos del río mediante el uso de mangas flexibles de 8 y 10 pulgadas, por lo que se concluye que ambas se encontraban dedicadas a la extracción de oro en esta parte del río Napo. En adición el material hallado como herramientas para el tamizado y separación del mineral, conlleva a la conclusión final de que ambas dragas se encontraban realizando actividades extractivas en las riberas de los ríos mediante la remoción de los suelos.
Esta ilegal actividad viene contaminando las aguas del río Napo por lo que las acciones de control y vigilancia por parte de la Jefatura del Distrito de Capitanías No. 5 y Capitanía de Puerto de Iquitos, se intensificarán acorde con la política del Estado peruano en contra de la minería ilegal, altamente dañina para la flora, fauna y comunidades ribereñas conjuntamente con la fiscalía especializada en materia ambiental y la Policía Nacional en concordancia con lo dispuesto en el decreto legislativo No. 1100 que regula la interdicción de la minería ilegal.
El representante del Ministerio Público, dispuso la destrucción de las dragas ante la imposibilidad de efectuar el traslado e incautación; dicha acción fue efectuada por personal de las fuerzas de operaciones especiales (OES) de la Marina de Guerra del Perú, habiéndose efectuado el levantamiento de las actas respectivas por parte de los interventores de acuerdo a las normas establecida y el debido proceso.
