Haciendo un examen muy somero de los acontecimientos políticos desarrollados en el país hace algo más de dos años, podría decirse que todo presagiaba que el Perú en general, podría desde el instante de la aprobación, de otorgar facultades al gobierno, para legislar sobre la seguridad que tanto deseamos, recibimos asombrados la negativa de los grupos, opositores que se habían comprometido a conceder tales facultades, previa aprobación de la formación de una comisión, mixta formada con legisladores de todas las bancadas; pero el consenso no se dio por parte de la oposición, creando el consiguiente malestar en las filas oficiales y el país en general.
Ubicándonos al margen de la decisión opositora y la frustración oficialista, cabe aquí que desarrollemos, nosotros como ciudadanos, hipótesis y sugerencias que permitan discernir hasta dónde era positiva y hasta dónde no, la intención gubernamental de legislar contra la delincuencia organizada y el crimen, en sus diversas modalidades bajo nuevas formas de sanción, según la tipificación del delito y hasta donde se justifica que la oposición se haya negado a respaldar tales cambios, pese al evidente crecimiento de la delincuencia en el país; y si se trata de individualizar, ámbitos geográficos, también en nuestra región.
Sobre el particular, el periodismo más que ningún ámbito público, es el estrato, después del policial, donde se depositan todas las inquietudes y temores de las poblaciones que sienten en carne propia el desamparo a su seguridad personal, como efecto de las leyes vigentes que más parecen hechas para proteger al delincuente y agraviar al ciudadano.
En esos momentos la fórmula presentada por el oficialismo en materia de combate a la delincuencia, recibió una aprobación tácita en la mayoría de círculos ciudadanos, y eso parece que despertó ciertas reservas de la oposición, que, no lo dudamos, ante el temor de un posible repunte de aprobación a favor del gobierno, optó por retirar su apoyo inicial, dando el triste espectáculo de un reacción hepática que daña la credibilidad que pudiera otorgárseles en futuros actos de gobierno; y sobre todo permite presumir que la oposición no ha medido la dimensión de su acto que en realidad no daña al presidente ni al gobierno, sino al país.
Pero al margen de las consecuencias de tal decisión, queda por aclarar cuál es la alternativa que sobre seguridad ciudadana, podría haber puesto en práctica la oposición, pues se entiende que si se opone a una solución, es porque tenía una alternativa más valedera que permita penar a los delincuentes de menor cuantía, que con la legislación actual, puede cometer sus tropelías, a sabiendas que sólo le espera una reprimenda; y nuevamente a las calles a seguir atracando a los componente de una población que en el momento menos pensado, podría reaccionar y poner en práctica la ley de Talión, «Ojo por ojo diente por diente» con el consiguiente deterioro del respeto y cumplimiento de las leyes de la República. ¡Ojalá no lleguemos a tales extremos por culpa de una oposición analfabeta en seguridad ciudadana».
