El sueño de la casa propia siempre ha sido una de las necesidades que el Estado no ha podido solucionar, por lo que a lo largo de varios años y hasta la actualidad el problema de las invasiones en terrenos de propiedad privada y público (del Estado), es una constante. Aunque en la actualidad aparecieron inmobiliarias que ofrecen lotes con facilidades de pago.
Al principio en la década de los 70 las invasiones es más probable que cumplían su objetivo de finalmente lograr un lote de terreno para familias agregadas que vivían en casa de los suegros o de otros familiares, en quinta, en casa alquilada, en fin, en donde podían, menos en un espacio propio.
Con el paso de los años empezó a trascender el negociado de los lotes de terrenos venido de ciertos dirigentes populares, como se les denominaba, y actualmente son en gran medida traficantes de terrenos los que lideran las invasiones, lo que ha terminado por derrumbar el objetivo del ilegal accionar.
Luego de las invasiones como se conoce los propietarios dan pasa a la lotización y venta, para evitar engorrosos trámites judiciales que llevan a desalojos, aunque otros si llegaban hasta la medida legal de desalojo al negarse a negociar con los invasores, por las razones particulares que tendrían.
En vista que las invasiones nuevamente desde hace unos tres años atrás repuntaron echando ojo a las extensiones de terrenos ubicados en los primeros kilómetros de la carretera Iquitos – Nauta, al parecer los propietarios encargaron inmobiliarias para adelantarse a los traficantes de tierras.
En Iquitos no teníamos estas posibilidades de lograr un lote de terreno para vivienda en espacios con habilitación urbana, sin embargo, es necesario que las autoridades competentes hagan una supervisión respecto a la garantía de la instalación mínimo de los servicios básicos como agua apta para consumo humano, luz y desagüe.
Todo como corresponde a una zona urbanizada y con saneamiento físico legal a fin de evitar estafas que deriven en procesos legales. La garantían del derecho ciudadano que deben tener en cuenta las entidades ediles, en este caso del eje carretero, por lo que es el llamado para la municipalidad distrital de San Juan.
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