- Federaciones indígenas exigen el retiro de la iniciativa legislativa, argumentando que ignora deudas ambientales
Las federaciones indígenas de la zona de influencia de los lotes 192, 8 y el Oleoducto Norperuano en Loreto han emitido un pronunciamiento público rechazando el Proyecto de Ley N°10705/2025-CR, denominado “Ley para el Desarrollo Responsable y Sostenible de la Industria Petrolera en la Región Loreto”. Denuncian que la iniciativa, promovida por la congresista Ana Zegarra Saboya (Somos Perú), viola el Convenio 169 de la OIT y la Ley de Consulta Previa, al ser elaborada sin la participación de las comunidades afectadas.
Entre los principales argumentos, las organizaciones destacan que el proyecto ignora el Fondo de Remediación Ambiental (Ley N°30321), logrado tras años de lucha indígena, y propone transferir su gestión al Gobierno Regional de Loreto, lo que consideran un retroceso. Además, critican que la remediación se financie con solo el 10% de las regalías petroleras, pese a la deuda ambiental millonaria de empresas como Pluspetrol, que supera los 5 mil millones de soles en el ex Lote 1AB.
El texto también cuestiona la inclusión del Lote 64 en la propuesta, territorio donde el pueblo Wampis ha ejercido su derecho a la autodeterminación, prohibiendo toda actividad petrolera. Las federaciones acusan al proyecto de invisibilizar esta decisión y de perpetuar el “mito del desarrollo petrolero”, sin abordar el abandono histórico del Estado y la contaminación acumulada por décadas.
Otro punto de conflicto es el “Fondo Especial de Desarrollo Social”, que buscaría reemplazar los fondos sociales acordados en procesos de Consulta Previa, gestionados directamente por las comunidades. Las organizaciones recuerdan que los gobiernos locales ya reciben el 90% del canon petrolero, pero no han garantizado servicios básicos a las poblaciones afectadas.
Las federaciones exigen el retiro inmediato del proyecto y convocan a AIDESEP, a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y a aliados internacionales a rechazar una iniciativa que consideran “peligrosa para el futuro de los pueblos y la Amazonía”. Subrayan que cualquier propuesta debe construirse con su participación activa, respetando sus derechos y los acuerdos internacionales.
El pronunciamiento, fechado el 11 de junio en Loreto, refleja la tensión entre las políticas extractivistas y las demandas indígenas, en un contexto donde el Estado peruano enfrenta críticas por incumplimientos ambientales y sociales en la Amazonía.
