- Después de dos días de tensas audiencias en juzgado penal de esa provincia.
Hoy 21 de octubre de 2019 pende de un hilo la libertad de varios imputados en el caso de Ugel Datem del Marañón donde según el ministerio público representado por el fiscal anticorrupción Paul Peralta y Freddy Escudero, respaldados por un informe de Contraloría de la República y versiones de colaboradores eficaces, sí existió un desfalco millonario hecho de manera sistemática en esa Ugel.
¿Para quienes el MP ha pedido mandato de prisión preventiva por el plazo de 18 meses? Bartenes Cejeico Guster, Pinedo Luna Wagner, Cardozo Barbosa César, Rodríguez Santillán Nemecio, Sánchez Macedo Hernán, Huamán Curitima Roy, Ruiz García Anober, Ucumbe Valencia Milton, Altamarino Silva Larry, Huamán Gómez William, Chávez Trigoso Héctor, Ramírez Cárdenas Juan, Godos Castillo Dolores, López Del Águila Isaac, Macedo Ramírez Gerson y Murrieta Carhuajulca Janely.
Esto como presuntos autores del delito de peculado doloso agravado en agravio de la Unidad de Gestión Educativa Local-Ugel/Datem del Marañón.
DINERO QUE HABRÍAN SACADO:
-Altamarino: 545 mil soles. –Bartenes: 129 mil soles. –Cainamari: 48 mil soles. Cardoso: 18 mil soles. Cardozo: 18 mil soles. Chávez: 903 mil soles. Huamán: 95 mil soles. López: 254 mil soles. López: 10 mil. Macedo: 10 mil. Pinedo: 73 mil soles. Rodríguez: 913 mil soles, entre otros.
Según el informe de auditoría 712-2019 de la gerencia de control San Martín; sobre pagos por bonificaciones, racionamiento, descuentos judiciales y otros, realizados mediante transferencias a las cuentas bancarias de personal docente y administrativo; funcionarios y servidores de la entidad realizaron pagos por beneficios que NO correspondían, a su favor y de terceros, bajo los conceptos de descuentos judiciales etc.
Lo que ocasionó un perjuicio económico por el importe de 04 millones 780 mil 932 soles.
“No hay que olvidar que los recursos tenían la finalidad de fortalecer las capacidades de gestión pedagógica, institucional y administrativa de las instituciones educativas para lograr su autonomía, promover y asegurar estrategias para que las instituciones y programas educativos formen niños, adolescentes y jóvenes en el contexto de una educación integral para su desarrollo personal, social y económico sustentado en valores, en concordancia con las exigencias del desarrollo económico y social del país”, puntualiza la Contraloría.
La expectativa está centrada hoy en lo que dictamine el juzgado de Datem del Marañón.
