- En torno al presupuesto conseguido para la lucha contra la tosferina en la cuenca del Chambira.
El gobierno regional coordinó con el Lic. Shuña Ramírez, para realizar vacunaciones, entregar medicamentos y dar tratamiento a las personas afectadas.
Fueron más de 60 las muertes registradas el año pasado en la zona vulnerable. Ahora con el reporte de la Contraloría de la República, quizá se pueda entender por qué ocurrieron estas muertes. Y las autoridades competentes deben investigar a fondo qué pasó, para que más adelante no vuelvan a ocurrir los hechos a narrar y que están plasmados en el Informe 012-2026-Contraloría.
El informe ha develado una alarmante situación de extrema gravedad en la gestión, administración y ejecución de los recursos públicos transferidos por el Ministerio de Salud (MINSA) a favor de la Red de Salud Nauta / Red 407, los cuales ascienden a la suma de S/ 6,746,843.90.
Estos caudales tenían un destino final estrictamente delimitado para la ejecución de planes de salud pública, mitigación de riesgos sanitarios e intensificación de intervenciones preventivas. Sin embargo, conforme lo advierte de manera fehaciente el Informe de Control Simultáneo N° 012-2026-OCI/0701-SCC emitido por el Órgano de Control Institucional (OCI), se ha cometido un presunto fraude sistemático que hoy pone contra las cuerdas a la cúpula directiva y administrativa de la institución.
Los implicados Jackson Jeffrey Shuña Ramírez (Director Ejecutivo de la Red de Salud de Nauta / Red 407). Máxima autoridad ejecutiva y garante directa de la correcta administración de los fondos. Es señalado como autor principal por dominio del cargo en los delitos de Peculado Doloso, Malversación y Colusión. Bajo su gestión se omitió deliberadamente la ejecución del Anexo II, el cual contemplaba de forma obligatoria la adquisición de 8,550 galones de combustible vital para el desplazamiento fluvial y terrestre de las brigadas de vacunación casa por casa.
Eduardo Montero García (Ex Administrador): Participó directamente en el trámite, compromiso y desvío inicial de los fondos públicos, dando inicio a la alteración del presupuesto y simulando cumplimiento de metas financieras sin el respaldo real del combustible.
Pedro Cainamari Soto (Actual Administrador): Continuó con la ejecución irregular y el desvío de los caudales públicos, convalidando financieramente el estado de opacidad documentaria y la falta de trazabilidad del presupuesto.
Víctor Ordóñez (Jefe de Logística): Operador técnico directo de las adquisiciones, acusado de omitir la compra de los 8,550 galones de combustible y elaborar requerimientos o tramitar contrataciones ficticias, direccionadas y con opacidad documental para defraudar al Estado.
Pronunciamiento y Hallazgos de la Contraloría General de la República. El Órgano de Control Institucional (OCI) y la Contraloría General de la República, en el marco de sus competencias constitucionales y legales de control gubernamental, han advertido situaciones adversas e irregularidades determinantes sobre el manejo de los fondos públicos en la Red de Salud Nauta:
-Inexistencia de Saldos y Riesgo Financiero: La Contraloría ha señalado que la entidad ha venido reportando una ejecución financiera ficticia o carente de sustento real en los rubros destinados a intervenciones sanitarias, evidenciando un manejo opaco de los presupuestos asignados.
Omisión en el Control de Activos y Combustible: Se advierte una total falta de trazabilidad y control documentario concurrente en almacén (ausencia de PECOSAS reales, guías y cuadernos de control de distribución), lo que imposibilita comprobar que los recursos destinados para combustible hayan llegado efectivamente a las brigadas operativas en las zonas de intervención.
Incumplimiento de Metas y Fines Públicos: El ente de control recalca que la desatención de las actividades preventivas programadas pone en riesgo directo los objetivos sanitarios aprobados por el pliego, configurando presunta responsabilidad administrativa funcional, civil y/o penal en los funcionarios involucrados en la ejecución del gasto.
El Peligro Común: Niños y Comunidades Nativas en RiesgoLa falta de disponibilidad del combustible programado —desviado o ejecutado en fines ajenos a los autorizados bajo la anuencia de la dirección ejecutiva de Shuña— ha dejado inoperativas y severamente limitadas las campañas de inmunización.
Esto genera un riesgo inminente y de extrema gravedad en la salud pública de las comunidades nativas y ribereñas de Nauta, Parinari, Intuto, Maypuco y Trompeteros. En la práctica administrativa, la simulación de cumplimiento de metas y el desvío de recursos determinan que las vacunas lleguen sin cumplir su propósito profiláctico, poniendo en peligro la vida y la integridad de la población infantil y rural.
Exigencias urgentes de justicia ante la gravedad de los hechos, se exige la intervención inmediata del Ministerio Público para que recabe los elementos de convicción y medios de prueba urgentes e inaplazables: Auditoría y Peritajes: Que la Contraloría de la República realice una auditoría profunda y se ordene un peritaje contable-financiero y auditoría informática para determinar el desvío exacto de fondos bajo la administración de Shuña.Pruebas.
Recabar las Órdenes de Compra, Órdenes de Servicio, Facturas, Comprobantes de Pago, Guías de Remisión y las PECOSAS (Pedimento de Comprobante de Salida de Almacén) que sustenten la falsedad de la supuesta entrega de combustible.
Escuchar las declaraciones de los auditores del OCI y del personal asistencial y jefes de brigadas de salud de Nauta, Parinari, Intuto, Maypuco y Trompeteros, quienes corroborarán que nunca recibieron el combustible ni la logística.
Inhabilitación Inmediata: La permanencia de los funcionarios implicados, incluyendo al director Shuña Ramírez, en las instalaciones de la entidad representa un peligro procesal inminente y un riesgo constante de obstaculización probatoria, ocultamiento o destrucción de documentación contable.
Por ello, se solicita al Juzgado de Investigación Preparatoria la Medida de Inhabilitación Provisional y Definitiva de los denunciados. Es un hecho imperdonable el jugar con la salud del pueblo de Loreto, sobre todo de los más vulnerables que son las poblaciones indígenas y que en mayoría se encuentran en esa provincia y distritos. Las autoridades deben actuar de inmediato, la muerte de más de 60 personas por Tosferina, jamás puede pasar por alto. (LMHL).
