- El dirigente Simón Santillán Hidalgo denunció que el INGEMMET estaría tramitando derechos mineros en sectores cercanos a ambas cuencas. Organizaciones sociales e indígenas preparan una asamblea para evaluar medidas de rechazo.
El Frente de Defensa de la provincia del Datem del Marañón expresó su preocupación ante la presunta tramitación de concesiones mineras en las márgenes de los ríos Marañón y Cahuapanas, en la región Loreto. El dirigente social Simón Santillán Hidalgo advirtió que estas solicitudes estarían siendo gestionadas ante el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), situación que ha generado una alerta entre los representantes de la sociedad civil por las posibles consecuencias ambientales de futuras actividades extractivas.
Durante una entrevista telefónica con Radio La Voz de la Selva, Santillán Hidalgo explicó que tomó conocimiento de esta situación el último sábado, luego de recibir una llamada de un representante de la Agencia Agraria de la provincia, a quien identificó como el ingeniero Frank. Según relató, el funcionario manifestó su preocupación tras conocer documentación relacionada con una presunta concesión minera de tres hectáreas ubicada frente a la ciudad de San Lorenzo.
El dirigente señaló que las solicitudes no estarían limitadas a un solo sector, sino que comprenderían diferentes puntos de las márgenes del río Marañón y también del Cahuapanas. Incluso, sostuvo que existirían trámites relacionados con áreas comprendidas entre comunidades de la provincia y el centro poblado de Saramiriza. Sin embargo, precisó que las organizaciones sociales todavía se encuentran recopilando información para determinar la ubicación, extensión y situación administrativa de los derechos mineros mencionados.
Santillán Hidalgo manifestó que las comunidades temen que una eventual expansión de actividades mineras afecte los recursos naturales de la provincia, especialmente los ríos, bosques y especies de fauna silvestre. Consideró que cualquier iniciativa extractiva debe ser evaluada con participación de la población y de las autoridades locales, debido a la importancia que tienen estos ecosistemas para la subsistencia de las comunidades indígenas y ribereñas.
Asimismo, cuestionó que los pobladores y las instituciones locales no hayan recibido información oportuna sobre los procedimientos denunciados. Según indicó, algunas solicitudes se habrían presentado entre mayo y junio y habrían registrado avances administrativos durante octubre. No obstante, corresponde verificar ante el INGEMMET si se trata de petitorios en trámite, concesiones otorgadas u otros actos administrativos, pues la existencia de un derecho minero no equivale por sí sola a una autorización para iniciar operaciones extractivas.
Otro aspecto que genera preocupación es la situación jurídica del río Marañón, reconocido como sujeto de derechos mediante una decisión judicial. El dirigente sostuvo que este antecedente debe ser considerado por las autoridades competentes al evaluar cualquier actividad que pudiera afectar la cuenca. En ese sentido, las organizaciones buscarán reunir documentación sobre las solicitudes mineras y examinar sus posibles implicancias ambientales y legales.
Frente a esta situación, Santillán Hidalgo anunció que el Frente de Defensa del Datem del Marañón prepara un pronunciamiento público y coordinará una asamblea general que podría realizarse entre el miércoles y jueves de esta semana. Para ello, buscarán articular acciones con la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL), sus federaciones afiliadas y otras organizaciones sociales, con la finalidad de establecer una posición conjunta frente a los procedimientos denunciados.
Finalmente, el dirigente hizo un llamado a las autoridades municipales, regionales y nacionales para que intervengan y transparenten la información relacionada con los derechos mineros solicitados en la provincia. Aseguró que las organizaciones sociales evaluarán las acciones administrativas y legales necesarias para proteger sus territorios. Hasta el momento, no se cuenta con un pronunciamiento oficial del INGEMMET sobre las concesiones señaladas, por lo que permanece pendiente esclarecer el alcance real de los procedimientos que han motivado la preocupación de la población del Datem del Marañón.
(K. Rodriguez)
